El asesinato del abogado penalista Fredy Albeiro Zapata Rivas, oriundo de Andes, Antioquia, ha causado conmoción. El crimen ocurrió en horas de la tarde del viernes, 14 de noviembre, en el reconocido heladería Ventolini, en la ciudad de Cali, donde el jurista fue atacado por hombres armados que le propinaron varios disparos mientras se encontraba en una cafetería del lugar.
El ataque, perpetrado a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas del norte de la ciudad, generó conmoción entre los presentes y un amplio despliegue de las autoridades. Zapata Rivas, quien había desarrollado una trayectoria reconocida en litigios penales y civiles, quedó gravemente herido y, pese a los esfuerzos de los organismos de socorro, falleció pocos minutos después del atentado.
Las autoridades no han revelado la identidad de la segunda víctima, aunque los primeros reportes señalan que se trataría de un abogado y esposo de una reconocida emprendedora en la capital del Valle del Cauca.
Investigación avanza sin descartar vínculos con otros hechos recientes
El caso ha tenido un fuerte impacto mediático especialmente porque se registró apenas 24 horas después del asesinato de la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez. Semanas antes, Sánchez había interpuesto una denuncia en contra del abogado, lo que ha despertado múltiples hipótesis sobre un posible vínculo entre los dos crímenes. Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas al señalar que ninguna línea de investigación ha sido descartada y que ambos hechos, por ahora, no pueden relacionarse de manera concluyente.
De acuerdo con información divulgada por distintos medios, Zapata Rivas adelantaba procesos sensibles relacionados con disputas de terrenos, propiedades y conflictos civiles. Aun así, los investigadores no han determinado si su labor profesional pudo haber incidido en el ataque. Equipos especializados de la Policía y la Fiscalía continúan recopilando material probatorio, revisando cámaras de seguridad y obteniendo testimonios con el propósito de identificar a los responsables.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al avance de la investigación, mientras el gremio jurídico y la comunidad exigen justicia y mayores garantías de seguridad.