A un centro carcelario fue enviado Jesús Alirio Quintero Morales, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘Chunga’, señalado por las autoridades de ser presunto integrante de una red de apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de participar activamente en una estructura dedicada a la extorsión en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los organismos de seguridad, alias ‘Chunga’ haría parte de una red de apoyo vinculada al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, con presencia e injerencia en el corregimiento de San Faustino, una zona rural estratégica del municipio de Cúcuta. Las autoridades establecieron que esta estructura ilegal tendría influencia directa en diferentes actividades económicas de la región, lo que les habría permitido ejercer control territorial y financiero a través de amenazas y cobros extorsivos sistemáticos.
Los investigadores señalaron que el procesado tendría una trayectoria criminal aproximada de cinco años, tiempo durante el cual, presuntamente, habría consolidado su rol dentro de la organización ilegal, convirtiéndose en una pieza clave para la financiación de las actividades delictivas del grupo armado.
Control de economías ilegales y cobros extorsivos
Según el material probatorio recopilado, alias ‘Chunga’ sería el encargado de controlar la producción de carbón en minas ubicadas en la zona rural, con el objetivo de imponer cuotas extorsivas mensuales a los propietarios y trabajadores del sector.
Asimismo, estaría involucrado en el cobro de extorsiones a agricultores, transportadores de material de arrastre, comerciantes y otros actores de diferentes actividades económicas tanto en el corregimiento de San Faustino como en sectores urbanos de Cúcuta y en el municipio de Villa del Rosario.
Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Tras la audiencia correspondiente, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Las autoridades reiteraron que este resultado hace parte de las estrategias para debilitar las redes de apoyo logístico y financiero de los grupos armados ilegales que operan en la región y afectan la seguridad y la economía local.