La violencia golpeó a la comunidad indígena del Pacífico colombiano con el asesinato de Niver Menbache Piraza, defensor de derechos humanos e integrante del pueblo Khirardo, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025 en el distrito de Buenaventura. El crimen ha generado indignación y rechazo entre organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación informó que fue judicializado Ángel Stiven Rojas Mosquera, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque que terminó con la vida del líder indígena. De acuerdo con la investigación, la víctima había salido de un establecimiento comercial en compañía de dos familiares y se dirigía hacia su lugar de residencia cuando fueron seguidos por cuatro hombres.
Según el material probatorio recopilado, los sujetos los interceptaron con la intención de intimidarlos y obligarlos a entregar sus pertenencias. En medio del intento de robo, Menbache Piraza decidió correr para huir del ataque.
Un ataque mortal en medio de un intento de hurto
Las autoridades señalan que Rojas Mosquera lo habría alcanzado y lo atacó con un arma cortopunzante en el cuello, causándole heridas de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, el líder indígena llegó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.
Tras las investigaciones, unidades de la Policía Nacional lograron la captura del presunto agresor en vía pública de Buenaventura, en cumplimiento de una orden judicial vigente. Posteriormente, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Valle del Cauca lo presentó ante un juez penal de control de garantías, donde le fue imputado el delito de homicidio agravado.
Ángel Stiven Rojas Mosquera no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y, como resultado de la audiencia, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El asesinato de Niver Menbache Piraza se suma a la lista de hechos violentos que afectan a líderes sociales e indígenas en el país, reavivando el llamado de múltiples sectores a fortalecer la protección de quienes defienden los derechos humanos en territorios históricamente golpeados por la inseguridad.