La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Nueva Generación’, señalados de participar en una serie de homicidios selectivos y en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Cartago.
Los procesados fueron identificados como Jesús Davis Chirino Valero, alias ‘Valero’; Joseph Daniel Mantilla Corzo, alias ‘Timmy’; Jhon Fredy Ramírez Bedoya, alias ‘Barbado’; Geovanny Hernández Giraldo, alias ‘Mono Liso’; Diego Antonio Serrano Lizarazo, alias ‘el Mono’; Luis Enrique Díaz Naranjo, alias ‘El Gordo’; y César Camilo Aguilar Barragán.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían tenido participación en una ola de violencia que dejó al menos 11 personas muertas entre el 30 de noviembre de 2024 y el 25 de enero de 2025 en diferentes sectores de la ciudad.
Las autoridades señalaron que los hoy judicializados habrían cumplido distintos roles dentro de la organización criminal, incluyendo la ejecución de homicidios en calidad de sicarios, la conducción de motocicletas o vehículos utilizados para cometer los ataques, así como labores de apoyo logístico para facilitar los crímenes.
Están involucrados en homicidios
Según la Fiscalía, los homicidios estarían relacionados con enfrentamientos y disputas entre estructuras delincuenciales por el control de las actividades de narcomenudeo y otras rentas ilícitas en esta zona del norte del Valle del Cauca.
Estas confrontaciones habrían generado un incremento de hechos violentos en el municipio durante el periodo investigado.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial, imputó a los siete capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez de control de garantías determinó imponerles medidas de aseguramiento privativas de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.