En un fallo que ha conmocionado a la opinión pública del departamento de Caldas, un juez de conocimiento dictó una sentencia de 43 años y 6 meses de prisión contra el pastor José Erley Ramírez Garcés, tras hallarlo responsable de los delitos de acceso carnal violento y secuestro, ambos bajo la modalidad agravada.
La contundencia de las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que el procesado optara por aceptar su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial.
Los trágicos hechos se remontan al 29 de abril de 2025, en la vereda San Andrés del municipio de Chinchiná (Caldas). Según el expediente de la investigación, el hoy condenado utilizó su posición de confianza y la fe de su familia para engañar a su hijastra, una menor de tan solo 13 años.
Con la falsa promesa de mostrarle un inmueble que supuestamente compraría para su madre, logró que la niña lo acompañara sin sospechas. Sin embargo, el trayecto se convirtió en una pesadilla cuando el hombre desvió el vehículo, amarró a la menor y la trasladó por la fuerza hacia una finca de su propiedad.
Detalles del horror y la captura del agresor
Una vez en el inmueble, el victimario sometió a la niña a constantes vejámenes sexuales durante varias horas. Para asegurar su impunidad y silenciar los gritos de auxilio, el sujeto utilizó una táctica calculada: encendió equipos de sonido a alto volumen, evitando así que los vecinos de la zona rural percataran lo que ocurría en el interior de la vivienda.
Pese al cautiverio y la violencia sufrida, la valentía de la menor permitió que, en un descuido de su captor, lograra escapar del lugar.
La huida de la víctima fue interceptada por miembros de la comunidad, quienes notaron que el hombre la perseguía desesperadamente. Al verse descubierto por los vecinos, el agresor intentó escapar en su vehículo, pero perdió el control del mismo y terminó cayendo en una cuneta metros más adelante.
En un último intento por evadir la justicia, se internó en una zona boscosa, pero la ciudadanía logró rodearlo y detenerlo, entregándolo posteriormente a uniformados de la Policía Nacional. Con este fallo, la justicia colombiana envía un mensaje contundente sobre la protección de los derechos de los niños y adolescentes frente a sus agresores.