Una exigencia de 350 millones de pesos a un transportador, en medio de un procedimiento que hoy es cuestionado, dejó al descubierto un presunto caso de corrupción que involucra a cuatro investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, cuando los uniformados habrían interceptado al propietario de una volqueta y posteriormente lo citaron en un parqueadero del municipio de Girardota. En ese lugar le informaron que el vehículo presentaba inconsistencias legales, asegurando que figuraba como robado y con alteraciones en su identificación.
Bajo ese señalamiento, los funcionarios le advirtieron sobre una posible captura. En medio de la situación, presuntamente recibieron cinco millones de pesos a cambio de no hacer efectiva la detención. No obstante, el conductor del vehículo sí fue retenido y puesto a disposición de las autoridades.
Según la investigación, al día siguiente los implicados volvieron a contactar al transportador y lo citaron en un centro comercial del oriente de Medellín. Allí, le habrían presentado a un supuesto propietario legítimo del automotor y lo presionaron para que entregara 350 millones de pesos, con el fin de frenar el proceso judicial y evitar su captura.
A esto se suma que, ese mismo día, los uniformados se habrían llevado la volqueta del lugar donde permanecía parqueada, sin informar oficialmente sobre su destino, lo que incrementó las dudas sobre la legalidad del procedimiento.
Frente a la presión, la víctima decidió acudir a las autoridades y denunciar lo ocurrido. Esto permitió que un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública recopilara pruebas que derivaron en la judicialización de los presuntos responsables.
Las capturas se hicieron efectivas el pasado 18 de marzo. Los implicados, identificados como Diego Alejandro Correa Morales, Ramiro Cabeza Peñaranda, Andrés Mauricio Agudelo Giraldo y Erika Julieth Villa Farfán, fueron imputados por los delitos de concusión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.