Al descubierto. Así quedó una presunta red delictiva que operaba en un centro de formación automovilística del municipio de Samacá, en Boyacá, dedicada a la expedición irregular de certificados de aptitud para obtener licencias de conducción.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, siete empleados del establecimiento estarían involucrados en la emisión fraudulenta de estos documentos a personas que no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Los implicados fueron identificados como Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.
El papel de los empleados en la alteración de registros
Según el ente acusador, estas personas habrían participado, de manera individual, en al menos 18 hechos ilícitos registrados entre enero y septiembre de 2024. En varios de estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria, presuntamente, ingresaron información falsa en plataformas conectadas con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad, con el fin de hacer ver que los aspirantes aprobaban satisfactoriamente las pruebas requeridas.
Por su parte, los demás procesados, en calidad de instructores, habrían alterado planillas para certificar que los aprendices cumplían con las clases prácticas obligatorias. Sin embargo, el material probatorio evidenció que muchos de los beneficiarios no asistieron ni completaron la intensidad mínima exigida.Lea:https://www.eluniversal.com.co/sucesos/2026/04/20/cesar-duque-perdio-la-vida-mientras-lo-sacaban-de-una-mina-la-cuerda-se-partio/
Adicionalmente, las autoridades señalaron que los implicados habrían realizado registros biométricos mediante maniobras fraudulentas, con el propósito de simular la presencia de los aspirantes y dar apariencia de legalidad a los trámites.
Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a los siete investigados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. No obstante, los procesados no aceptaron los cargos y continuarán vinculados al proceso judicial.