La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.
Uno de los sujetos investigados, José Raúl Sabalza Cortés, cayó en Cartagena. Según un reporte que conoció EL UNIVERSAL a través de la Policía Nacional, este individuo haría parte parte de una red trasnacional de distribución de material de abuso sexual infantil que en los últimos años habría comercializado más de 1.249 imágenes y videos en la cual habían más de 192 usuarios de 25 países.
“La información se logró obtener mediante la activación de los canales de cooperación policial con el Centro Americano Contra el Cibercrimen de AMERIPOL AC3. Así mismo, en coordinación con la agencia HSI de Estados Unidos, se establecieron tres alertas del ciudadano, donde se identificaron 16 videos de niños entre los 5 y 12 años de edad”, señala un reporte oficial del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).
La investigación de la Fiscalía señala, por su parte, que junto con José Raúl Sabalza Cortés también cayó Leonardo Muñoz Claros en Pitalito (Huila). “Estos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material”, detalla el ente acusador.
De otra parte, y con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de Interpol, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de Control de Garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.
Asimismo, y tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil. El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.
A los procesados, precisa la Fiscalía, les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Operación internacional dejó la captura de 21 presuntos agresores sexuales de menores
Tras un año de investigaciones especializadas, la Policía Nacional de Colombia desplegó la intervención internacional denominada “Halcón Digital” orientada a combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales. Ejecutaron cuatro acciones operacionales que permitieron la captura de 21 presuntos agresores sexuales de menores en nueve países: Argentina (2), Bolivia (1), Chile (2), Colombia (6), Brasil (3), España (2), Paraguay (1), Perú (3) y República Dominicana (1).
A las capturas ya judicializadas por la Fiscalía se suma la de detención de una mujer conocida con el alias de ‘La Depredadora’, señalada de abusar de la menor y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura. La víctima resultó ser su propia hija, una niña de 5 años que fue rescatada en Armenia.
De igual forma fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura, cuyo acceso y contenido eran comercializados mediante criptomonedas. Gracias al análisis y rastreo transaccional de criptoactivos, los investigadores determinaron que la moneda digital utilizada era bitcoin.
En el componente preventivo, el Centro Cibernético Policial ha logrado durante los últimos dos años el bloqueo de 18.655 páginas web relacionadas con el alojamiento y distribución de contenido ilícito asociado al abuso y explotación sexual de menores.