Jonathan Smith Muñiz Martínez, de 29 años, y Sebastián Andrés Tamara Cantillo, de 24, fueron judicializados por hechos distintos relacionados con presuntos hurtos ocurridos en Turbaco, Bolívar. Ambos fueron capturados y posteriormente presentados ante un juez, que les impuso medidas de aseguramiento diferentes.
La información fue suministrada por la Fiscalía General de la Nación, que explicó que los dos casos corresponden a investigaciones independientes y que los procesados fueron imputados de acuerdo con su presunta responsabilidad en cada hecho. Lea: Envían a la cárcel a sujeto que iba con estupefacientes y municiones en Turbaco
En el caso de Jonathan Smith Muñiz Martínez, los hechos se remontan al pasado 7 de septiembre. Según el ente acusador, el hombre “al parecer, intimidó a una mujer con arma de fuego para que le entregara el bolso”. La captura fue realizada por uniformados de la Policía Nacional en la entrada del barrio Paraíso, en Turbaco.
La Fiscalía señaló que, por estos hechos, al procesado le fueron imputados los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, Muñiz Martínez no aceptó los cargos.
Tras la audiencia, un juez determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El segundo caso involucra a Sebastián Andrés Tamara Cantillo, quien fue capturado en flagrancia el pasado 9 de septiembre dentro de una institución de educación superior ubicada en el barrio El Rodeo.
De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía, el hombre “al parecer, sustraía 1.000 metros de cableado del sistema eléctrico de la universidad”, material cuyo valor habría sido estimado en 42 millones de pesos.

Tamara Cantillo también fue imputado por los delitos correspondientes a los hechos investigados, cargos que tampoco aceptó. En su caso, la autoridad judicial determinó que la medida de aseguramiento será cumplida en su domicilio.
De esta manera, los dos hombres quedaron vinculados formalmente a procesos judiciales diferentes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales en cada uno de los hechos.

