La Fiscalía General de la Nación judicializó a Armando Andrés Rebolledo Góngora y Darío José Altamar Ramírez, quienes son señalados de presuntamente transportar material explosivo y publicidad alusiva a una agrupación delincuencial en jurisdicción de Bosconia, Cesar.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, los hechos se remontan al pasado 16 de septiembre, cuando los dos hombres se movilizaban por el barrio Alto de Bosconia y fueron requeridos por uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de control e inspección en el sector.
Durante el procedimiento, los policías habrían realizado una revisión a los elementos que llevaban consigo Rebolledo Góngora y Altamar Ramírez. Según la Fiscalía, en medio de la inspección fueron encontrados varios panfletos con contenido alusivo a una agrupación delictiva, además de una granada de fragmentación y un teléfono celular.
La investigación continúa bajo la lupa de las autoridades
Tras el hallazgo, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó las actuaciones judiciales correspondientes.
Un fiscal de la Seccional Cesar presentó ante un juez de control de garantías a los procesados y les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante la audiencia, ninguno de los dos hombres aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez que conoció el proceso determinó imponerles una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.
La Fiscalía señaló que los elementos encontrados durante el procedimiento fueron incorporados al proceso judicial como parte del material que deberá ser analizado dentro de las actuaciones encaminadas a establecer las circunstancias en las que presuntamente eran transportados.
Rebolledo Góngora y Altamar Ramírez permanecerán privados de la libertad mientras continúan las etapas correspondientes del proceso. La medida de aseguramiento no implica una condena y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal.
