Un acceso que debía estar destinado a proteger la información de los clientes habría terminado convertido en una herramienta para facilitar un millonario fraude. En Valledupar, un empleado de una entidad bancaria es señalado de aprovechar sus permisos dentro de los sistemas para alterar información de usuarios, gestionar el cambio de sus tarjetas y permitir que otras personas terminaran accediendo a los recursos.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación apunta a que la maniobra habría afectado a 19 clientes y permitido el desvío de más de 870 millones de pesos entre el 18 de abril y el 9 de agosto de 2024.
El trabajador fue identificado como Claudio David Coronado Aragón, a quien el ente acusador señala como un posible “insider”. Se trata de una persona que, por su vínculo laboral o contractual, cuenta con permisos para ingresar a información y sistemas de una organización y que, presuntamente, utiliza esas facultades para favorecer una actividad delictiva. Le puede interesar: Ya son 648 capturados por porte ilegal en Cartagena: ‘Carola’ es la última
Así habría comenzado la operación que terminó en el millonario fraude
En este caso, la Fiscalía sostiene que Coronado Aragón habría utilizado sus propias credenciales y las de otros empleados para modificar información relacionada con los clientes afectados. Parte de la maniobra habría comenzado con la alteración de los registros biométricos. De acuerdo con la investigación, se habrían registrado falsas novedades para hacer aparecer cambios que permitieran avanzar posteriormente con la reposición de las tarjetas.
“Al parecer, dispuso de sus credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas de los usuarios financieros”, indicó la Fiscalía en el comunicado oficial.
La supuesta operación no habría terminado con la reposición de los plásticos. El empleado también habría intervenido en el cambio de las claves de acceso y, posteriormente, en la entrega de las nuevas tarjetas a personas diferentes a sus verdaderos titulares.
Según el ente investigador, estos movimientos habrían permitido desviar el dinero de las cuentas afectadas hacia productos pertenecientes a terceros. De esta manera, los recursos habrían quedado disponibles para ser retirados o utilizados.
En la investigación también aparecen Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez, señalados de recibir parte de los recursos que habrían sido extraídos ilegalmente de las cuentas de los clientes.La Fiscalía indicó que estos dos hombres presuntamente realizaron retiros en cajeros automáticos ubicados en Valledupar, Bogotá y Cali, además de utilizar parte del dinero para efectuar compras en establecimientos comerciales.
Con la indagación en marcha, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó escrito de acusación contra los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, bajo el procedimiento penal especial abreviado.
La situación jurídica de los procesados quedó definida en una audiencia ante una juez de control de garantías de Becerril, Cesar. Para Coronado Aragón fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.
