La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Chirley Mildred Hernández Rojas, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), señalada de estar involucrada en la muerte de su compañero sentimental, Aldemar Avendaño Carrillo, ocurrida el pasado 21 de marzo en Barranquilla, Atlántico.
De acuerdo con la versión entregada inicialmente por la hoy procesada, ella se encontraba en otra habitación de la residencia cuando escuchó varias detonaciones. Según manifestó, posteriormente se dirigió hasta el lugar donde estaba su pareja y lo encontró sin signos vitales.
En el sitio, las autoridades hallaron un arma de fuego y cinco vainillas, elementos que fueron incorporados a las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía.
El caso se registró en una vivienda del barrio Boston, donde las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un hombre sin vida. Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron a Avendaño Carrillo con cuatro heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Investigación apunta a una muerte presuntamente ocasionada por la funcionaria
Durante el desarrollo de la investigación fueron analizados diferentes elementos materiales probatorios, evidencia física y resultados de estudios forenses.
La Fiscalía General indicó que el análisis relacionado con los proyectiles permitió establecer que se trató de una muerte violenta y que, presuntamente, Hernández Rojas habría tenido participación directa en el crimen.
Con base en estos elementos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La funcionaria del CTI no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez de control de garantías determinó imponerle una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso judicial.
La captura de Hernández Rojas se hizo efectiva el pasado 25 de agosto, en el barrio Boston de Barranquilla, por parte de uniformados de la Policía Nacional, quienes cumplieron la orden judicial emitida en su contra.
