Una red señalada de instalar y administrar laboratorios para procesar cocaína en el oriente del país quedó al descubierto tras varias incautaciones de droga y una serie de investigaciones que permitieron identificar a ocho presuntos integrantes. La organización habría extendido sus operaciones por Vichada, Casanare y otros departamentos, donde coordinaba desde el montaje de los complejos hasta la producción y el transporte de los cargamentos.
La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía, tomó fuerza con al menos cuatro procedimientos en los que las autoridades incautaron más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, además de insumos y caletas utilizadas para ocultar elementos relacionados con la actividad ilegal.
Según informó la Fiscalía, estas actuaciones, sumadas a las labores investigativas, permitieron identificar a una estructura que estaría detrás de la instalación y administración de los laboratorios destinados al procesamiento de estupefacientes. Le puedo sugerir: Hombres en moto dispararon contra la fachada de la Cárcel de Ternera y dejaron un panfleto
Ocho capturados en varias regiones de Colombia
Las autoridades hicieron efectivas las capturas en diligencias realizadas en Bogotá y Soacha, en Cundinamarca; Maní, Villanueva y Yopal, en Casanare; San Luis de Gaceno, en Boyacá, y Puerto Concordia, en Meta.
Los detenidos fueron identificados como Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senen Moreno Perilla. Todos fueron presentados ante la justicia por su presunta participación en las actividades de la organización.
De acuerdo con la investigación, Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la red. Desde Bogotá habría dirigido la construcción y adecuación de los complejos destinados al procesamiento de cocaína.
Palencia García, por su parte, presuntamente se encargaba de coordinar la logística, conseguir los precursores químicos y gestionar los pagos, mientras que Morales Mendoza habría servido de enlace con la base operativa. Los demás señalados tendrían funciones relacionadas con la producción del alcaloide, la adecuación de los laboratorios y el traslado de las sustancias.
Invertían hasta $150 millones en los laboratorios
Los investigadores también establecieron que la estructura habría destinado importantes sumas de dinero para poner en funcionamiento los complejos. Según detalló la Fiscalía, “la estructura invertía hasta 150 millones de pesos en el montaje de los complejos”.
Otra particularidad de la organización era el uso de marquillas propias para identificar los cargamentos. De acuerdo con el ente acusador, estas marcas les permitían a los compradores reconocer la producción de la red.
Las pesquisas también apuntan a que, después de algunas incautaciones, personas vinculadas a la estructura habrían intentado recuperar elementos que permanecían ocultos y reanudar las actividades de procesamiento de droga.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, según el grado de participación que les atribuye la investigación, los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Los ocho procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, una juez de control de garantías de Maní, Casanare, les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
