Alexander Herrera Ramírez, conocido como alias ‘Capi Ortiz’, fue condenado a 27 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en 28 hechos delictivos, entre homicidios selectivos y ataques armados registrados en varios municipios del departamento del Meta.
La decisión fue adoptada por un juzgado penal del circuito especializado de Villavicencio, que avaló el preacuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre junio de 2014 y febrero de 2016 en Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio.
Según las autoridades, Herrera Ramírez se desempeñaba como cabecilla del grupo armado ilegal conocido como ‘Libertadores del Vichada’. Desde esa posición, habría coordinado y ejecutado homicidios por encargo en medio de una confrontación con otras estructuras criminales que buscaban controlar el tráfico de estupefacientes en la región.
Las investigaciones también establecieron que los ataques armados eran utilizados como mecanismo de intimidación contra las comunidades que se oponían a las actividades delictivas de estas organizaciones.
Un ataque contra policías durante un operativo
Entre los episodios acreditados durante el proceso judicial figura una agresión contra dos integrantes de la Policía Nacional, ocurrida el 10 de febrero de 2016 en Mosquera, Cundinamarca.
Ese día, los uniformados participaban en una diligencia de registro y allanamiento que tenía como objetivo capturar a Herrera Ramírez. Sin embargo, durante la huida, desde un vehículo fueron accionadas armas de fuego contra los policías. En medio de la acción, uno de los uniformados resultó herido por los disparos, mientras que el otro fue arrollado por el automotor.
Este hecho hizo parte de los elementos recopilados durante la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
A partir de las labores investigativas, las autoridades lograron identificar 28 eventos delictivos en los que participó Herrera Ramírez, lo que permitió avanzar en el proceso penal y establecer su responsabilidad en los hechos incluidos en la negociación judicial.
Por estos delitos, el juzgado le impuso una pena de 27 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso homogéneo. Adicionalmente, fue inhabilitado durante 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
La condena pone fin a este proceso judicial relacionado con una serie de ataques violentos atribuidos a la estructura criminal en distintos municipios del Meta.
