Un hombre identificado como Fredy Humberto Gómez Aguilera fue capturado y judicializado por su presunta responsabilidad en hechos de explotación sexual contra niñas indígenas de la comunidad Jiw, en el departamento del Meta. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el señalado habría aprovechado las condiciones de vulnerabilidad de las menores para ofrecerles dinero, alimentación, alojamiento y elementos básicos a cambio de someterlas a actos sexuales.
Uno de los casos documentados por el ente acusador corresponde a una niña de 13 años, perteneciente al resguardo Luna Roja, ubicado en Puerto Concordia. Los hechos investigados habrían ocurrido entre mayo y junio de 2023.
Según las investigaciones, el hombre presuntamente trasladó a la menor hasta una finca en el municipio de Mapiripán, donde la habría agredido sexualmente a cambio de agua para su comunidad y otros elementos de primera necesidad.
Los abusos sexuales de los que fueron víctimas niñas indígenas de la comunidad Jiw en Meta, a cambio de alimentación, alojamiento y sustancias que les generaban adicciones, dejaron en evidencia a Fredy Humberto Gómez Aguilera como uno de los presuntos responsables. La Fiscalía documentó el caso de una menor de edad de 13 años del resguardo Luna Roja, en Puerto Concordia (Meta), quien habría sido agredida en repetidas oportunidades por el procesado entre mayo y junio de 2023.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 12, 2026
Además, la Fiscalía señaló que el procesado habría llevado a la niña a un centro hospitalario y se habría presentado como un familiar para facilitar su ingreso. En ese lugar, presuntamente, aprovechó un descuido del personal médico para someterla sexualmente.
Habría contactado a otras menores por teléfono
Las indagaciones también permitieron establecer que Gómez Aguilera, al parecer, se comunicaba telefónicamente con otras niñas indígenas para solicitarles que acudieran a un inmueble en Puerto Concordia, donde presuntamente les ofrecía dinero a cambio de encuentros sexuales.
La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Guaviare lo presentó ante un juez de control de garantías para adelantar las audiencias correspondientes.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos formulados en su contra.
Pese a ello, el juez le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Este caso corresponde a la cuarta judicialización adelantada en el marco de una investigación priorizada por las autoridades, cuyo objetivo es identificar y llevar ante la justicia a los presuntos responsables de hechos que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres pertenecientes a comunidades indígenas del oriente del país.
La investigación busca esclarecer las circunstancias de estos hechos y avanzar en la identificación de posibles víctimas y responsables, en un contexto marcado por la vulnerabilidad de algunas comunidades indígenas frente a distintas formas de violencia y explotación.
