Seis personas fueron enviadas a prisión por presuntamente integrar una red dedicada al desvío de sustancias químicas controladas que terminaban en laboratorios para el procesamiento de cocaína en el nororiente del país. La estructura utilizaba dos empresas legalmente constituidas para importar los productos desde China y otros países de Suramérica, pero luego los trasladaba a bodegas clandestinas en Norte de Santander y Cesar.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió establecer que las operaciones se concentraban en los municipios de Ocaña y Aguachica, desde donde se distribuirían los insumos hacia laboratorios ubicados en el Catatumbo y el sur de Bolívar, territorios señalados como zonas de influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“La organización utilizaba las empresas para dar apariencia de legalidad a la adquisición de los productos químicos, que debían permanecer en sucursales autorizadas. Sin embargo, una vez ingresaban al país, eran desviados hacia centros de almacenamiento clandestinos. Además, para ocultar el movimiento de la mercancía, se registraban supuestas exportaciones hacia Venezuela que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)”, detalla el ente acusador en el comunicado oficial. Le puede interesar: Video: ataques a negocios, panfletos y extorsiones; detalles detrás de ‘Joel Piraña’ y ‘Rulay’
La Fiscalía señaló que el propósito de la estructura era abastecer los centros de producción de estupefacientes con grandes cantidades de sustancias necesarias para el procesamiento de cocaína. Sobre el alcance de estas actividades, el organismo explicó que el tráfico de estos productos constituye una de las conductas priorizadas en la lucha contra el narcotráfico, debido a su papel en la cadena de producción de drogas y el sostenimiento de las economías ilícitas.
Entre los seis procesados se encuentran Yorjan Palacio Villalba, Wilson Castillo Lindarte, Breider Alexis Calderón Martínez, Sebastián Contreras Tamayo, Javier Angarita y Yesid Alejandro Franco Ramírez. De acuerdo con el material probatorio, cada uno habría asumido responsabilidades en la adquisición de los insumos, la coordinación de las rutas, el acondicionamiento de los cargamentos y su posterior transporte.
Palacio Villalba es señalado de dirigir y financiar las operaciones, además de gestionar las importaciones mediante las dos compañías. Castillo Lindarte estaría relacionado con la supervisión de los recorridos y las maniobras para ocultar la trazabilidad de los productos, mientras que Calderón Martínez habría participado en las labores logísticas.
En cuanto a Contreras Tamayo, la investigación lo ubica en las actividades de acondicionamiento de los cargamentos y retiro de etiquetas para ocultar la procedencia de la mercancía. Angarita y Franco Ramírez, por su parte, habrían intervenido en el traslado de las sustancias hasta los sitios de almacenamiento.
Toneladas de insumos químicos desviados e incautados durante varios operativos
Las cantidades incautadas durante varios procedimientos dan cuenta de la dimensión de las operaciones. Uno de los primeros registros se produjo el 23 de octubre de 2024, cuando fue detectada la importación irregular de 24.150 kilogramos de cloruro de calcio. Un mes después, el 24 de noviembre, las autoridades incautaron 7.738 galones de hidrocarburos.
Las labores investigativas continuaron durante 2025. El 22 de mayo fue identificado el desvío de 12.600 kilogramos de acetato de N-propilo mediante una falsa exportación, mientras que el 30 de ese mismo mes, durante un allanamiento, fueron encontrados 208 galones de acetato de etilo y 550 galones de ácido clorhídrico.
Posteriormente, el 26 de julio de 2025, se incautaron 3.350 galones, equivalentes a 11.160 kilogramos, de acetato de N-propilo. Otro procedimiento, realizado el 9 de mayo de 2026 en una bodega, permitió encontrar 11.300 kilogramos de cloruro de calcio, 3.075 kilogramos de bisulfito de sodio, 1.100 galones de acetato de N-propilo, 330 galones de xileno, 935 galones de isobutanol y 220 galones de cloruro de acetilo.
Con las evidencias recopiladas, la Fiscalía imputó a los seis señalados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Ninguno aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
