Un hombre de 70 años fue capturado y enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de Clara Cecilia Rodríguez Montero, una mujer de 47 años y madre cabeza de hogar que fue asesinada en una finca del corregimiento San Martín de Florencia, en el departamento de Caquetá.
El crimen sucedió el 15 de noviembre de 2025, cuando la víctima llegó al predio para cumplir una cita con Héctor Vargas Ramírez, quien sostenía una relación sentimental con ella, según estableció la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, el hombre habría atacado a la mujer con un arma cortocontundente y posteriormente habría desmembrado su cuerpo. Al parecer, su intención era dificultar que las autoridades pudieran encontrar los restos.
La investigación también permitió establecer que el presunto responsable habría enterrado clandestinamente el cuerpo en la misma finca donde se produjo el asesinato. Los restos fueron encontrados cuatro días después, el 19 de noviembre de ese año.
La víctima era madre de cuatro hijos
Clara Cecilia Rodríguez Montero era el sustento de sus cuatro hijos y fue reportada como desaparecida luego de que sus familiares perdieran contacto con ella. Una de las últimas referencias sobre su paradero indicaba que había sido vista cuando cruzaba el puente El Encanto, en el barrio La Consolata.
Tras las labores de búsqueda, las autoridades lograron ubicar sus restos en una propiedad rural, donde se habría cometido el crimen. A partir de ese hallazgo, los investigadores avanzaron en la identificación del presunto responsable y en la reconstrucción de lo sucedido.
La orden de captura contra Héctor Vargas Ramírez fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una finca ubicada en zona rural del municipio de Milán, Caquetá, durante las últimas semanas.
Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Según informó la Fiscalía, el hombre aceptó los cargos durante el proceso judicial.
Finalmente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.
