Un hombre que se hacía pasar por guía espiritual fue condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de seis mujeres, a quienes engañaba con supuestos rituales de desbloqueo energético y limpiezas ancestrales. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2022 en Medellín y el municipio de San Carlos, Antioquia. Entre las víctimas se encontraba una menor de edad.
El sentenciado fue identificado como José Fabio Salazar Castaño, de 63 años, quien fue hallado responsable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir, luego de que un juez de conocimiento valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), las víctimas tenían entre 16 y 26 años y llegaban hasta el inmueble donde residía el procesado con la intención de recibir supuestos tratamientos espirituales.
Sin embargo, bajo el argumento de realizar procedimientos de sanación, desbloqueos energéticos y limpiezas ancestrales mediante el uso de plantas y otros elementos, el hombre habría aprovechado esos encuentros para cometer los abusos sexuales.
Las engañaba con supuestos rituales espirituales
Durante el proceso judicial, la Fiscalía estableció que Salazar Castaño utilizaba su condición de aparente guía espiritual, reconocido por algunos integrantes de la comunidad, para ganarse la confianza de las mujeres y someterlas a situaciones de vulnerabilidad.
La investigación también permitió conocer que, como parte de los supuestos rituales, a varias de las víctimas les suministró marihuana para consumir. En otro de los casos documentados, el hombre habría fotografiado las partes íntimas de una de las mujeres durante la falsa consulta espiritual.
Según el ente acusador, el procesado se aprovechó de la confianza que despertaba su aparente reconocimiento como orientador espiritual para doblegar la voluntad de las víctimas, ponerlas en una situación de inferioridad y facilitar la comisión de las conductas delictivas.
Los abusos se extendieron durante casi una década, entre 2013 y 2022, en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, y en el municipio de San Carlos.
Por estos hechos, un juez de conocimiento le impuso una condena de 17 años de prisión, tras encontrarlo responsable de los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir.
La Fiscalía precisó que la decisión judicial corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos establecidos en la ley.
