En una acción sin precedentes contra la trata de personas bajo la finalidad de delincuencia forzada, la Dijín, en coordinación con la Policía Nacional de España, la Fiscalía General de la Nación, Ameripol y Unodc, materializó tres capturas por orden judicial y cinco notificaciones de Interpol contra los responsables de captar y obligar a ciudadanos colombianos a cometer ciberestafas en el continente asiático, bajo contextos de prácticas análogas a la esclavitud.
Este resultado, señala la Policía de Colombia, constituye el primer caso transnacional documentado y judicializado en el país contra redes dedicadas a la instrumentalización de connacionales en los denominados “call centers” delictivos en Asia, una organización criminal dirigida a nivel mundial por facciones de la mafia china en ese continente. La investigación tuvo su origen tras un reporte allegado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre hechos ocurridos el 7 de agosto de 2025, logrando develar una organización criminal de estructura piramidal dirigida por alias ‘Jiaxing Ye’.
“Según las indagaciones y los testimonios, la cúpula asiática y financiera era conformada por una familia de origen oriental, entre quienes las víctimas identificaban a una mujer que ocultaba su rostro con tapabocas para recibir cuentas del dinero hurtado y dirigida operativamente en los centros por un hombre conocido como ‘Hao’, encargado de imponer metas, impartir órdenes y aplicar represalias”, señala la Dijín.
Las labores investigativas permitieron establecer que la estructura delincuencial operaba mediante dos nodos articulados, los cabecillas financieros y coordinadores internacionales asentados en las provincias de Zamora y Castellón (España), y una red de captadores en territorio colombiano encargada de captar y trasladar a ciudadanos mediante falsas promesas de empleo altamente remunerado en el exterior, detalla la institución.
La red criminal en Colombia era integrada por ciudadanos colombianos encargados de la perfilación, captación, traslado e incluso funciones de hackers e instaladores. Cabe destacar que algunas personas que inicialmente llegaron como víctimas decidieron vincularse voluntariamente a la red, pasando a desempeñar el rol de captadores y victimarios.
Los reclutadores perfilaban a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas en distintas regiones del país. Mediante abordaje personal o a través de conocidos, les ofrecían falsas promesas de empleo altamente remunerado en call centers en Tailandia o Camboya para la supuesta venta de criptomonedas. La red gestionaba toda la logística, agendamiento de citas para pasaportes, compra de tiquetes aéreos, instrucciones precisas sobre qué declarar en migración para evitar controles y monitoreo constante hasta el abordaje.
A lo largo del proceso investigativo, los analistas e investigadores de la DIJIN lograron identificar a más de 100 víctimas de nacionalidad colombiana que cayeron en los tentáculos de esta red transnacional. La ruta criminal identificada partía desde Colombia, haciendo conexión en Ámsterdam (Países Bajos) o España, continuando hacia Bangkok (Tailandia) y finalizando en Phnom Penh (Camboya) o zonas fronterizas como Tây Ninh (Vietnam).
Una vez los connacionales eran trasladados hasta Camboya, su realidad se transformaba en un escenario de cautiverio; las víctimas eran despojadas de su libertad de locomoción y sometidas de forma sistemática a amenazas, coerción y violencia física y psicológica; bajo este régimen de terror, la organización los obligaba a cumplir extensas jornadas en complejos tecnológicos cerrados, forzándolos a ejecutar estafas virtuales, fraudes financieros y operaciones ilícitas con criptomonedas mediante guiones de ingeniería social y suplantación.
Para recuperar su libertad, la mafia les exigía el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos colombianos por gastos de traslado o cumplir un mínimo de seis meses de trabajo forzado. Bajo vigilancia armada y con atención médica restringida y controlada por la misma red, las víctimas cumplían jornadas extenuantes de 12 horas continuas en horario nocturno.
En los complejos recibían una capacitación delictiva denominada “Mastereo”, mediante la cual eran forzados a llamar a ciud-adanos en Colombia haciéndose pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil bajo el pretexto de tramitar la cédula digital. Durante las llamadas, distraían a los usuarios y los inducían a instalar aplicaciones maliciosas en sus teléfonos móviles; una vez instaladas, los hackers de la organización criminal accedían a los dispositivos y vaciaban las cuentas bancarias de las víctimas en Colombia".
Policía Nacional.
Quienes no cumplían las metas de extracción de dinero sufrían reducción de las ganancias prometidas, multas económicas, torturas, castigos físicos y psicológicos, amenazas de muerte y la amenaza de ser vendidos a otras estructuras mafiosas en Asia.
“El despliegue simultáneo de capacidades investigativas y de cooperación policial internacional entre Colombia y España permitió materializar como resultados operacionales tres órdenes de captura realizadas por orden judicial contra integrantes clave de la red de captación y articulación logística; dos retenciones por notificaciones rojas de INTERPOL hechas efectivas en las localidades de Zamora y Castellón (España), dirigidas a la ubicación y detención con fines de extradición de los cabecillas de la estructura; la publicación de tres notificaciones azules de INTERPOL emitidas para la localización, identificación y obtención de información criminal sobre otros eslabones internacionales vinculados a la organización criminal y más de 100 víctimas colombianas identificadas en el marco de la investigación, activando las rutas de asistencia, protección y cooperación consular correspondientes”:
coronel Elver Alfonso Sanabria.
Las capturas se materializaron por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir tres capturas por orden judicial en Bogotá y tres notificaciones azules de INTERPOL, dirigidas contra los articuladores logísticos, captadores y hackers de la red en Colombia, entre los que se encuentran Eslaineir Alexis Campo Rodríguez, encargado de la perfilación, captación y traslado de víctimas desde Colombia hacia Camboya; Cristian Camilo Ortiz Avendaño, con el mismo perfil criminal; Yuris Marcela Reyes Zambrano, también colaboradora de la organización; Karina Yulieth Doncell Rojas, quien se desempeñaba como hacker e instaladora de software malicioso y Viviana Karoly Daza Ospino.
