Al menos 177 activistas medioambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo. Es decir, cada dos días, una persona vinculada a la defensa del medio ambiente es asesinada por sus acciones.
El informe fue realizado por Global Witness, una ONG fundada en el Reino Unido que monitorea el panorama del activismo medioambiental desde 2012. Según sus últimos datos, publicados este martes, se han registrado 1.910 delitos de este tipo en todo el mundo en la última década. Lea: Colombia registra 100 líderes sociales y defensores de derechos asesinados
En 2022, Colombia lideró la clasificación como el país más violento para los activistas: se registraron 60 asesinatos, el doble que en 2021, cuando 33 defensores perdieron su vida por su labor.
En segundo lugar aparece Brasil, con 34 víctimas mortales. La cifra, sin embargo, es superior a la registrada en 2021, cuando fueron asesinados 26 defensores ambientales.
En el país, una de las principales fuentes de datos es la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que publica anualmente un informe sobre los conflictos en el campo.
“En los últimos cuatro años, hemos vivido bajo un gobierno que desmanteló las agencias de protección ambiental y de los pueblos indígenas. Varias frases del expresidente Jair Bolsonaro alentaron la invasión y la minería ilegal en tierras indígenas”, señala, en entrevista con DW, Gabriella Bianchini, consultora de la CPT.
En México, que ocupó el primer lugar de la clasificación en 2021, el número total de muertes cayó de 54 a 31. Pero eso no significa que la violencia haya cesado en ese país, apunta Global Witness.
“La situación general sigue siendo terrible para los defensores de la tierra y el medio ambiente, y los ataques no letales –incluidas la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzado, el acoso y la criminalización– siguen socavando gravemente su trabajo”, indica el informe.
¿Hay esperanza en Colombia?
El año pasado fue “un año de transición política en el país”, destaca el informe: “El gobierno de Iván Duque -duramente criticado por su inacción y el consiguiente ‘genocidio’ de líderes sociales- dio paso al de Petro”, que incluye “por primera vez” en su agenda política “específicamente la necesidad de proteger a los defensores y abordar las causas de los ataques contra ellos”.
“Las cifras de 2022 para Colombia son un recordatorio aleccionador de la cantidad de trabajo que queda por hacer urgentemente”, alertó la organización, que aplaudió la ratificación del Acuerdo de Escazú. Lea: Para proteger el medio ambiente: Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú
El informe destacó el caso de Teófilo Acuña, un líder que fue asesinado en febrero de 2022 junto a su compañero defensor Jorge Alberto Tafur, y ambos habían denunciado amenazas solo unos días antes de su muerte.
También el caso de Yesid Blanco, un pediatra colombiana exiliado en Estados Unidos tras recibir amenazas por sus denuncias contra un vertedero tóxico de Patio Bonito, en Barrancabermeja, que “ha tenido efectos devastadores en la salud de su comunidad y ha supuesto un desastre para el medioambiente”.
Defensores en el mundo
Según el informe, el año pasado al menos 177 defensores del medioambiente fueron asesinados, y “aunque la cifra global es ligeramente inferior a la de 2021, cuando se registraron 200 asesinatos, esto no significa que la situación haya mejorado significativamente”.
“Cada vez se utilizan más estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales, para silenciar a los defensores”, alertó Global Witness, quien agregó que “la situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante”.
En 2022, la región registró el 88 % de los asesinatos, “una cifra cada vez mayor” y un total de 11 de los 18 países en los que se documentaron casos de asesinatos en 2022 estaban en América Latina. Colombia, Brasil y México lideran la lista de países más peligrosos del mundo para ser defensores de la naturaleza.
Para los autores del informe es complejo establecer vínculos claros entre los asesinatos registrados y sectores económicos específicos. De los 177 delitos ocurridos en 2022, al menos diez tienen sus causas vinculadas a intereses en la industria agroindustrial.
La minería ha sido asociada a ocho casos monitoreados por Global Witness. Otros sectores que estarían detrás de las muertes son la tala (4), la construcción de carreteras e infraestructuras (2), la energía hidroeléctrica (2), la caza (2).
Más de un tercio de las personas asesinadas eran indígenas (36 por ciento). Los pequeños agricultores (22 por ciento) y los afrodescendientes (7 por ciento) también se encuentran entre las mayores víctimas de la violencia. En 2022, autoridades estatales, manifestantes, guardias forestales, abogados y periodistas también fueron blanco de ataques letales.
“El asesinato es el delito más grave. Pero hay varios otros ataques no letales, como intentos de silenciamiento, criminalización, amenazas y otros tipos de violencia física, sexual o acoso. Todo ello en torno a conflictos por la tierra”, alerta Bianchini.
Comentarios ()