El Juzgado Primero Penal del Circuito absolvió a Francisco José Martelo Vechio, Daniel Sanjuán León, Nicolás Cabarcas Vega y Olimpo Luis Merlano Oliver al no encontrar elementos de juicio que los responsabilizara de los delitos de peculado por apropiación en concurso con interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento en los requisitos legales.
Los hechos que dieron pie a este proceso tienen origen cuando Francisco Martelo Vechio, gerente de Telecartagena, entre marzo de 1999 a agosto de 2000, denunció al senador, Juan José García Romero.
Martelo Vechio hizo llegar una grabación al diario El Universal, en donde daba a conocer las presiones que venía recibiendo, antes de posesionarse, por parte de García Romero, quien lo invitaba a comportarse como el anterior gerente de Telecartagena, Jaime Hernández Pérez, condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena.
También hizo llegar otra grabación, en la que un funcionario de Telecartagena admitía ante el ingeniero Daniel Sanjuán León, subgerente de operaciones, que en el informe de auditoría de Telecom no se habían realizado estudios de mercadeo y que ello confirmaba las fallas del proceso, y en especial que todo se debía a presiones políticas.
Sin embargo, a Juan José García Romero sólo se le vinculó al proceso, cuando la Fiscalía confirmó la resolución de acusación en segunda instancia, no obstante que su nombre aparecía relacionado con las dos administraciones de Telecartagena. La Fiscalía ordenó precluir el proceso en favor de García Romero, quien quedó libre de toda responsabilidad.
Las publicaciones de El Universal llevaron al director de Control Interno de Telecom a auditar a Telecartagena, no usual para las Teleasociadas, que no cumplía con las exigencias del debido proceso. En ella se encontraron supuestas inconsistencias e irregularidades confirmadas por el informe de control interno de Telecartagena.
El peritazgo del C.T.I. coincide con la auditoría de Telecom hasta el punto de transcribir, tal como lo señalaron los procesados, muchos apartes de ese documento. Los procesados son denunciados, pues la realidad probatoria así lo imponía.
Desde entonces se inicia el proceso penal en contra de los procesados en ocasión del informe del C.T.I. seccional Cartagena. Al llegar al juicio se debatió abiertamente la validez de las pruebas en que se fundamentaban, y pruebas testimoniales de funcionarios vinculados a Telecartagena e involucrados con el desenvolvimiento de la extinta empresa de telecomunicaciones, descalificaron el procedimiento de auditoría y confirmaron las inexactitudes.
Testigos técnicos dieron a conocer que no eran ciertas las conclusiones de la auditoría llevada a cabo en Telecom.
La “nueva realidad procesal” coincide plenamente con las preclusiones a favor de los procesados tanto por la Contraloría como por la Procuraduría, que pidieron archivar los procesos.
El Universal habló con Hernando Rico Osorio, abogado de Martelo Vechio, quien manifestó que hubo un conflicto político en Telecartagena.
Señaló que actores políticos estaban interesados en la subgerencia de operaciones, en cabeza de Daniel Sanjuán León.
Martelo se opuso a la salida de Sanjuán León, lo que produjo un conflicto entre funcionarios de Telecartagena y de Telecom. Representantes de esta última solicitaron una auditoría en Telecartagena y allí “encontraron” supuestas irregularidades que en realidad nunca existieron. “Decían que Telecartagena pagaba a sus empleados un factor prestacional muy alto, de 1,8% y que el Código Sustantivo de Trabajo autorizaba el 1,51%, sin darse cuenta de que Telecom pagaba más del 1,80%”.
Según el abogado, Telecom, analizó varios contratos “tomando los ítems más baratos y los confrontaba con ítems de otros contratos, buscando un contrato ideal. Sacaban así los ítems más baratos de todos los contratos, y decían que los contratos con los ítems más altos tenían sobrecostos, cosa que fue considerada como una barbaridad”.
“Después de 12 años, llegada la audiencia pública, la Fiscalía no encontró cómo acusar a Martelo Vechio y a los contratistas, y pidió la absolución. A la Fiscalía los peritazgos se le cayeron. El peritazgo del CTI demuestra que hubo un corte y pega de la auditoría interna de Telecom, y el peritazgo de Telecartagena fue un corte y pega del de Telecom”, sostiene.
Ante estas situaciones, comentó el abogado Osorio, se trabaja en una demanda de responsabilidad contra la Fiscalía para que responda por los daños que les causó a las personas injustamente vinculadas a este proceso.
Por su parte, Edgard Osorio Osorio, defensor de los ingenieros Daniel Sanjuán y Nicolás Cabarcas, se mostró complacido con la medida, aunque también preocupado por la génesis del proceso penal, que consistió en la persecución política contra Daniel Sanjuán, y que afectó también a Nicolás Cabarcas.
Contra este fallo no procede ningún recurso.
