El asesinato de Marta Barraza la tarde del lunes en el barrio El Carmelo y el atentado contra el agente de policía Armando Alfonso Vargas, ocurrido el domingo en el mismo sector, volvió a prender las alarmas sobre la situación de inseguridad que se vive en Cartagena.
Ante estos dos últimos hechos y en vista de que los enfrentamientos entre pandillas de algunos barrios de la ciudad siguen acabando con la vida de personas inocentes, el presidente del Concejo, Antonio Quinto Guerra, expresó su inconformismo con la situación de inseguridad.
“Como nos duele a todos los cartageneros la inseguridad que reina en el noventa y nueve por ciento de la geografía de la ciudad. No podemos seguir siendo ciegos ante la cruda realidad. Las pandillas se han tomado la ciudad. Las riñas callejeras son el pan de cada día. Los atracos aumentan en una forma desproporcionada, los homicidios y lesiones personales hacen parte diariamente de las crónicas rojas de lo medios de comunicación”, expresó el cabildante.
Por su parte, el alcalde Dionisio Vélez dijo que sigue trabajando de la mano de las autoridades “para recuperar la seguridad de los cartageneros”.
“No vamos a bajar al guardia. Estamos trabajando con la Policía de Cartagena y estamos exigiéndoles que la seguridad es responsabilidad de ellos y que deben garantizarla no solo en todos los barrios sino a cada uno de los ciudadanos”, anotó el mandatario, a la vez que repudió el asesinato de Marta Barraza, ocurrido en El Carmelo.
CREARÁN POLÍTICA PARA JÓVENES EN RIESGOLa secretaria del Interior, María Elena Vélez, quien viajó hace poco a Medellín a la firma de un convenio entre esa ciudad, Cuernavaca (México), Bari (Italia) y Cartagena, para desarrollar programas pilotos para la convivencia ciudadana y cooperar por la seguridad, dijo que el fenómeno de las pandillas, que se esta tomando más barrios de la ciudad, será estudiado de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
“Estamos haciendo mesas de trabajo con el ICBF para establecer una política integral de atención a los jóvenes en riesgos, que va a incluir no solo a los jóvenes que están en conflicto sino a los que ya están judicializados”.
La secretaria Vélez insistió en que “hay que centrarse también en los padres de familia, porque la mayoría de los jóvenes son menores de edad y tenemos que invitar a los padres a que cualquier acción de sus hijos ellos son los responsables, y si no los pueden controlar, el Bienestar tendrá que actuar y llevar a esos jóvenes a unos centros de reclusión para su resocialización”.
La ejecución de los primeros programas, que contarán con gestores de convivencia, se hará en los dos últimos meses en los barrios de Flor del Campo, Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez.
