Este miércoles 29 de enero se conoció que el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena ordenó una inspección judicial al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela.
El trámite fue solicitado en el auto de pruebas dentro de la acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Promotora Calle 47, responsables del proyecto, la Secretaría de Planeación y la Curaduría Urbana Primera, por la presunta afectación al Castillo San Felipe de Barajas.
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La inspección, que se practicará el próximo 28 de febrero a las 9 de la mañana, se realizará en el Castillo de San Felipe y en el lugar en donde se desarrolla el proyecto urbanístico, con el fin de “establecer la existencia y estado actual de la obra y las incidencias y afectaciones que dicha obra causen sobre el Bien de Interés Cultural (BIC)”.
En el documento, se notifica que el arquitecto Jairo Enrique López Martínez, quien había sido nombrado como perito para esta inspección, no aceptó el nombramiento, por lo que el encargado del proceso será Wilfredo Arguelles Alarcón.
El perito deberá rendir un dictamen de lo observado en la inspección judicial y posterior a ello, asistirá a la audiencia de pruebas para que sea controvertido el dictamen. En esta diligencia, que aún no tiene fecha establecida, estarán presentes el accionante y los demandados.
Gilma Usuga, vocera de la Promotora Calle 47, indicó que los constructores presentaron ya en el marco de esta etapa probatoria, los resultados del estudio adelantado por la firma de expertos Echeverrimontes, donde se da cuenta que no hay afectación a los Bienes de Interés Cultural.
Sobre Aquarela
Además de esta acción popular instaurada por Mincultura, el proyecto enfrenta otro tres procesos judiciales: una acción de nulidad que adelantada la Procuraduría por la presunta ilegalidad de la licencia.
Un proceso policivo proferido por la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 por violar las normas urbanísticas. Dentro de esta acción se ordenó el sellamiento de la obra, la restitución de 619,59 metros cuadrados que son considerados espacio público, y el pago de una multa de $156 millones a los constructores.
Y tercero un proceso penal que adelanta la Fiscalía contra el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, el arquitecto Claudio Restrepo y el representante legal de Promotora Calle 47, Lucas Tamayo, por presunto delito de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales.
Es de recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, aseveró que el futuro de este complejo habitacional es la demolición y que por ende trabajará para que esto se haga, mientras que las 404 familias que permanecen vinculadas al proyecto (inicialmente eran 950), luchan día a día porque los entes de control los tengan en cuenta, con la esperanza de que algún día todo se resuelva y su sueño se vuelva realidad.
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