No cesa la polémica desde que la Contraloría General de la Nación emitió el informe en el que indica que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la Concesión Vial de Cartagena, la cual maneja los cuatro peajes internos de la ciudad, se había cumplido en 2015.
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Ha habido protestas, desobediencia civil, se han presentado tutelas, denuncias ante la Fiscalía, y ahora, El Universal conoció que se interpuso una acción popular ante la justicia administrativa con el fin de que se decrete como medida cautelar la suspensión del cobro de los peajes, algo que ya había sido solicitado por otros mecanismos por el alcalde de Cartagena William Dau, quien envió un oficio a la Concesión Vial; y por otros activistas anti-peajes como Nilson Torres, Óscar Bonilla, Fidian García y el concejal Javier Julio Bejarano quienes presentaron una tutela que ya fue admitida.
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El autor de la acción popular, que fue radicada el pasado 29 de enero, es el abogado constitucionalista Óscar Borja, quien indicó que presentó la acción con el fin de evitar que se desate una tragedia en Cartagena por el tema de los peajes.
“Lo hice porque estoy angustiado por la ciudad con todo lo que está pasando con los peajes, que no se sabe si se cumplió la tasa de retorno o si el contrato debe ser liquidado bajo los conceptos que ha emitido la Contraloría General de la Nación. Se han visto cosas horrorosas, se han tomado las vías de hecho, y de pronto tienen razón, pero en aras de evitar una tragedia hay mecanismos legales que deben usarse. Recogí los argumentos y puse en manos de un juez administrativo en función constitucional la decisión y la orden de acuerdo a la situación fáctica que se está viviendo”, dijo Borja.
Además, pidió que se designe una comisión para revisar el contrato. “Lo que quiero es evitar una tragedia para que personas como las cobradoras y vigilantes que son padres de familia y son cartageneros no vayan a ser sujeto de agresiones, tampoco que los ciudadanos que pasan en sus vehículos vayan a provocar un accidente”, puntualizó.
Cabe recordar que René Osorio, gerente de la Concesión Vial, negó la solicitud del alcalde de suspender el cobro y por otra parte defendió que la TIR aún no se ha cumplido y que existe un contrato vigente entre la concesión y el Distrito que permite seguir adelante con el cobro.
Aún así, Borja sostienen que en medio del proceso que adelanta la Contraloría, lo mejor para la ciudad es que se dé la suspensión.
“Debe tener en cuenta como fundamento el señor juez administrativo que el tema del cobro de peaje ha generado una respuesta social que pone en peligro el orden público. Razón por la cual con la orden de la medida cautelar, se evitaría llegar a graves afectaciones a la vida de los manifestantes o de las personas al servicio de la Concesión Vial”, dice un apartado de la acción popular.
Por el mismo motivo, Borja elevó derechos de petición a entidades como la Alcaldía, la Concesión Vial, la Defensoría del Pueblo, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), la Fiscalía, la Personería, Presidencia y a la misma Contraloría a que se pronuncien sobre la situación que se está viviendo en la ciudad y se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
La investigación
El pasado 21 de enero la Contraloría General de la Nación reveló a través de un comunicado que existiría un presunto detrimento patrimonial de $300 mil millones por cuenta de que la TIR de los peajes se habría cumplido en el año 2015, lo que da a entender que desde hace cinco años el cobro se venía haciendo de manera irregular.
Por esto 39 personas fueron vinculadas a la investigación, entre ellas siete exalcaldes de Cartagena, exdirectores del Departamento de Valorización Distrital, exgerentes y exsubdirectores de Edurbe, y las empresas que conforman a la Concesión Vial de Cartagena.