El 27 de abril de 2017 Cartagena sufrió una de sus mayores tragedias con el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que dejó un saldo de 21 fallecidos y 22 heridos. Lo ocurrido ese jueves reveló todo un entramado de ilegalidad en varias construcciones lideradas por el denominado Clan Quiroz, que hoy, cinco años después, sigue causando dolor e incertidumbre a más de 200 familias que resultaron afectadas. Lea: Así era el edificio Portal de Blas de Lezo II
El edificio se desplomó a las 11 de la mañana, cerca del popular Club de Amigos del barrio Blas de Lezo. Residentes de viviendas que están a escasos metros del terreno donde se levantaba el edificio aseguran que es poca la ayuda que han recibido de las autoridades. Señalan que con sus propios recursos han reparado las grietas en pisos y paredes causadas por el desplome.
“Fueron varias las casas afectadas por la caída del edificio, pero nadie nos ha ayudado. De nuestro bolsillo hemos sacado para reparar los daños causados por el desplome”, expresó una residente en la zona.
Un drama que no cesa
Tras la caída del Portales de Blas de Lezo II, el Distrito se dio a la tarea de evaluar varios proyectos de vivienda que se construían en barrios residenciales y esto condujo a la identificación de 16 edificaciones construidas por el Clan Quiroz, de las cuales seis tienen estudios patológicos de la Universidad de Cartagena y siete de la Universidad Nacional, que confirmaron que dichas construcciones no cumplían con la norma de sismorresistencia.
Esta situación obligó a 212 familias a evacuar sus propiedades y a emprender desde entonces una lucha para obtener reparación y justicia.
“Desde que el Distrito ordenó el desalojo de estas edificaciones en enero de 2018, estas familias han padecido un grave drama. Acudimos a las autoridades a través de la Fiscalía para que se les diera una medida de protección especial para estas familias, una medida que estaba prevista en la Ley y una jueza de Garantías ordenó la protección de la vida, de la honra y la integridad de estas familias. En principio, las familias fueron reubicadas en el Coliseo de Combate. Sin embargo, a partir de la orden de la jueza de Garantías se consiguió una mejor reubicación, el pago de un arriendo, acompañamiento psicosocial y servicio de vigilancia en las edificaciones”, explicó Javier Doria, abogado de varias familias víctimas de los Quiroz.
De acuerdo con el jurista, tras cinco años de la tragedia, el Distrito ha cumplido parcialmente las ordenes emitidas por la jueza.
“Las familias afectadas tienen entre 18 y 24 meses (no es igual para todas) de no recibir los arriendos que ordenó la jueza de Control de Garantías. No se ha hecho ningún acompañamiento psicosocial a las familias, el Distrito ha sido indolente, revictimizante en la situación que viven estas personas. Tampoco se han instalado los servicios de vigilancia en cada una de las edificaciones, lo que ha ocasionado en muchos casos que estos sitios hayan sido desvalijados y en otros casos han sido habitados por personas desconocidas”, expuso Doria.
Cabe recordar que en 2021 los juzgados Séptimo, Primero y Segundo Penal del Circuito de Cartagena tomaron la decisión de reconocer al Distrito como víctima dentro de los procesos que se adelantan en contra del Clan Quiroz, un hecho que para las familias afectadas solo ha causado desazón y malestar. Lea: Nuevo giro en caso Quiroz: Distrito de Cartagena es reconocido como víctima
“La postura de víctima del Distrito en realidad es una falsa postura para evadir el cumplimiento de la orden judicial. Entonces bajo esa posición que le fue reconocida dentro de un proceso como víctima de la construcción, de allí se ha agarrado la administración actual para decir ‘no pago’, sin considerar que tenían el deber legal y constitucional de hacer el control y vigilancia y que además los mismos integrantes de la familia Quiroz denunciaron que pagaban dineros a los funcionarios públicos para que estos no cumplieran con su deber de hacer dicho control y vigilancia”, sostiene el abogado.
“Siguen asesinando nuestros sueños”
En diálogo con El Universal, Johnnatan Lorduy, residente en el edificio Alpes 31, sostiene que la preocupación y la desesperación son sentimientos que han sido recurrentes durante estos cinco años.
“Para mí es difícil pasar por el edificio. A muchas familias también les resulta difícil. Mi edificio lo desvalijaron todo, hemos tenido que rogar por los subsidios de arriendo. En estos cinco años la justicia no nos ha llegado”, dijo.
Marcial Vásquez, quien reside en Blas de Lezo, expresa que la tragedia de 2017 “pudo ser mayor” y cuenta que después de cinco años solo se repite una escena: familiares de las personas que murieron llegan hasta el lote y hacen oraciones. “Es lo único que pueden hacer. ¿A donde se van a quejar?, solo les queda eso”, dice.
Para el 2 y 3 de mayo está programada la audiencia del juicio oral contra uno de los integrantes de la familia Quiroz. “Como representantes de las familias víctimas de los Quiroz estamos muy preocupados por lo lento que han sido las investigaciones, por la poca actuación que han tenido las autoridades judiciales. Vemos como un irrespeto el hecho de que se haya avanzado poco en las investigaciones y estamos particularmente preocupados por el proceso que se sigue contra los funcionarios públicos”, dijo Doria.
El abogado anunció que adelanta varios trámites ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar especial para que se amparen a estas 212 familias.
“Hemos radicado una solicitud de medida de protección, una medida cautelar especial para que se amparen a todas estas familias en la medida en que el daño que han recibido es irreparable, pues esta situación ha afectado la vida de estas personas, la integridad personal de cada uno de los integrantes de estas familias, su salud, la identidad y la vida familiar. Por eso acudimos a este tribunal internacional”.