La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte adelantan mesas de socialización del macroproyecto del canal del Dique, en diferentes municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre. En las reuniones se convocan a los líderes de las comunidades a asistir a estos encuentros para explicarles los beneficios de la Alianza Público Privada (APP) del Dique. (Lea: Consultas previas: ¿nueva traba para adjudicar la APP del Dique?)
La agenda del martes 6 de septiembre se inició en el municipio de Suán (Atlántico) y en horas de la tarde continuó en el Palacio de la Proclamación, ubicado en Cartagena. A la par de estos encuentros se realizó una protesta en San Cristóbal (Bolívar). Los habitantes de ese municipio se sienten excluidos y piden ser tenidos en cuenta en el desarrollo del macroproyecto. Piden explicación de las obras de mitigación que se tienen que adelantar en la zona. En la jornada participaron líderes de comunidades del Atlántico.
“Estamos preocupados por esta situación, debido a que estamos al borde de una catástrofe superior a la del 2010. Estamos tocando las puertas al Gobierno nacional para que escuche a nuestra gente. Ellos están pidiendo que se hagan rápido los trabajos de mitigación en el Dique. Aquí se han perdido los cultivos”, indicó Rafael Valle Ramos, alcalde de San Estanislao de Kostka-Arenal (Bolívar).
Las solicitudes
En el espacio, que se llevó a cabo en Cartagena, asistieron líderes reticentes o a favor del proyecto. Estos últimos consideran que fueron excluidos al no realizarse las consultas previas y aseguran que su posición no es bloquear la APP del Dique, sino que se desarrolle con la participación de las comunidades.
Lía Margarita Muñoz, coordinadora técnica social del Dique, reiteró que es necesario que todas los habitantes del área de influencia del Dique puedan conocer el proyecto. “Más de 30 comunidades hicieron falta por consultas previas. Esto ha sido lo más ofensivo del gobierno anterior porque se sienten ofendidas por esta situación. Las mesas de socialización no son vinculantes. Son las consultas previas las que generan compromisos que garanticen los acuerdos que se pacten”, agregó Muñoz.
Erick Chico, habitante de Sincerín (Arjona) y miembro de la Red de Organizaciones del canal del Dique, aseguró que se han venido realizando caracterizaciones de las comunidades ribereñas y realizó algunas propuestas: “Pido autonomía de los ciudadanos y participación en la construcción de lo público; exhortamos a todos los actores a asumir posturas y comportamientos bajo el liderazgo transformacional; rechazamos amenazas de algunos líderes que están frente de los procesos”.
Chico exigió al Gobierno nacional, al DNP, y a organismos de control para que actualicen los elementos de actualización del territorio y manifestó estar de acuerdo con el proyecto, pero con premisas de participación comunitaria y que esos procesos se realicen con las comunidades.
Muchos líderes solicitan que el proyecto tenga una póliza que sirva para mitigar los riesgos que se puedan presentar en la realización del proyecto. Además, instaron a revisar la forma en cómo se realizó la protocolización de las consultas previas en algunas comunidades y aseguraron que muchos fueron obligados.
“Advertimos que habían irregularidades y no nos escucharon. El proyecto debe verse como un modelo de desarrollo integral. Quisiera que todas las comunidades podamos hacer una mesa e incorporar todas las peticiones. Esto es un proyecto netamente económico y no de restauración ambiental”, aseguró Adil Meléndez, líder del Dique.
La ANI
La conversación fue dirigida por Diego Morales, vicepresidente de Planeación de la ANI, y contó con la presencia de los alcaldes de Calamar, Arjona y María la Baja. En la mesa de entidades estuvieron la Procuraduría Ambiental y la Defensoría del Pueblo. Mañana el encuentro será en el municipio de San Onofre (Sucre). La agencia proyecta que las obras duren cerca de 4 años y 7 meses.
“No existen anticipos, recursos mientras se adelantan las obras sino hasta que terminan, una vez finalizadas las unidades funcionales. Este proyecto es de unidad funcional cero y atenderá las emergencias que se puedan presentar”, aseguró Diego Morales, vicepresidente de Planeación de la ANI.
Y recalcó: “En este momento el proceso se encuentra suspendido, pues no tenemos un concesionario que lo esté ejecutando. El proyecto tiene un fondo de contingencia que permita atender los riesgos adicionales que se puedan presentar. Estos diálogos no terminan acá, porque vamos a tener más espacios con las comunidades”.