El pasado 18 de enero, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expidió el Decreto 0062 de 2024, por medio del cual se definen las “zonas seguras” en las cuales está prohibido el porte y consumo de sustancias psicoactivas.
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Estas zonas comprenden centros educativos, parques, plazas, clínicas, iglesias, zonas de espacio público de interés cultural, entre otras, con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
Al respecto, la ONG Temblores, dedicada a la defensa de los derechos humanos, pidió a la Alcaldía de Cartagena retirar el decreto, pues aseguran que atenta contra la jurisprudencia de la Corte Constitucional que protege los derechos al porte y uso de la dosis personal.
“Las sanciones contempladas en el artículo 6 están basadas en el Decreto 1844 de 2018, que fue derogado por el Decreto 2114 del 2023 y por lo tanto no tienen vigencia”, anotó la ONG.
Y añadieron: “Les solicitamos a los alcaldes y gobernadores expedir normatividades que garanticen tanto el derecho de los niños, niñas y adolescentes como también de los usuarios de drogas en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y respetando los derechos fundamentales al porte y al consumo”.
Para la organización, este tipo de decretos “constituyen una violación directa a los derechos de los usuarios e implican la destinación de la Policía a la persecución y criminalización de ciudadanías vulnerables”.
“Insistimos en que las prohibiciones absolutas de comportamientos como el porte o uso de la dosis personal en el espacio público tienen efectos desproporcionados sobre las ciudadanías que habitan en la calle y que este tipo de normas, en la práctica, se traducen en violencia policial”, puntualizaron.
Responde la Alcaldía
La Alcaldía de Cartagena manifestó que el artículo que establece las sanciones en el decreto no hace referencia a ninguna norma derogada, sino al Código Nacional de Policía, expedido por el Congreso de la República.
“En ningún momento se remitió al Decreto 1844 para referirse a las sanciones como erróneamente lo hace ver la ONG, pues las sanciones no están en el artículo 6 sino 5”, manifestaron.