En Cartagena, al igual que otras ciudades de Colombia, hay necesidades con distintas caras. Hay quienes cuentan con la plata del subsidio al cual aplican; sin embargo, en un abrir de ojos, más de uno ha visto cambios agresivos en su clasificación del Sisbén, y han quedado sin los beneficios, y de paso sin explicación alguna.
La Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud ante la posible violación de los derechos fundamentales de los colombianos con la reciente actualización del Registro Social de Hogares (RSH) y la clasificación de hogares a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Lea también: Del grupo A al D: quejas en Cartagena por cambios de grupos en el Sisbén
Según la Defensoría, basándose en un análisis del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre esta actualización, se ha observado que aproximadamente 20,8 millones de personas, lo que equivale al 60% del total del Sisbén, han visto afectada su información debido a la nueva categorización.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que este proceso de actualización ha resultado en una recategorización de los hogares, donde 732.740 hogares han dejado de ser clasificados como pobreza extrema, lo que representa una reducción del 17,8%, y 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, lo que supone una variación del 8,8%.
Sin embargo, preocupa a la Defensoría el hecho de que 615.526 hogares hayan sido trasladados a la categoría de vulnerables, lo que significa un aumento del 19,7%, y se haya observado un incremento del 4,2% en el grupo de no pobres y no vulnerables, añadiendo 63.355 hogares a esta clasificación.
Este ajuste en la categorización podría implicar, según la entidad, que hogares antes considerados en situación de pobreza ahora puedan estar excluidos de los beneficios, a pesar de que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial. Lea también: Renta Ciudadana: link para consultar el próximo pago, solo necesitas la cédula
“La reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”, afirmó el defensor Camargo Assis, enfatizando que aunque la actualización metodológica busca una identificación más precisa de las necesidades de los hogares, es crucial evitar la exclusión injustificada de beneficios.
Las consecuencias
El defensor Camargo también instó al DNP y a las entidades gubernamentales a considerar las “consecuencias humanas y económicas” de las actualizaciones en ambos sistemas.
“Instamos al Departamento Nacional de Planeación y a las entidades gubernamentales involucradas a considerar las consecuencias humanas y económicas de las actualizaciones en los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, como también, a actuar con la diligencia debida para mitigar cualquier posible afectación adversa que se pueda generar”, enfatizó Camargo Assis.
Y agregó: “Las medidas adoptadas contra la pobreza y la inequidad deben ser una prioridad constante, por lo que no deben verse comprometidas con cambios que, aunque bien intencionados, tendrían el potencial de excluir indebidamente a los ciudadanos de los apoyos que legítimamente necesitan”.
Las recomendaciones de la Defensoría sobre el Sisbén
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo cuatro recomendaciones al Gobierno nacional para “realice la implementación, con un tiempo razonable, de manera que se proteja a los hogares de una transición abrupta, que podría despojarlos del acceso a servicios básicos”.
1. Establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la recategorización en las condiciones de vida de los hogares afectados.
2. Implementar políticas de transición para asegurar que ningún hogar pierda acceso a los programas sociales de manera repentina, especialmente aquellos que dependen de esos programas para satisfacer sus necesidades básicas.
3. Garantizar un sistema de apelación eficiente y accesible para los hogares que han sido reubicados en categorías que no reflejan su realidad socioeconómica, permitiéndoles solicitar una revisión de su clasificación.
4. Realizar campañas de información amplia y efectiva para que los hogares conozcan los cambios, las implicaciones de su nueva clasificación y los pasos a seguir en caso de que requieran apoyo o revisión.