Dos semanas han pasado desde que la firma Atila dio el primer “monazo” para el desmonte el polémico edificio Aquarela. 11 días después, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, tomó posesión de las oficinas en Medellín de Promotora Calle 47, constructora del edificio en nuestra ciudad. Lea el contexto: El viacrucis de Aquarela: el recorrido hacia la demolición
El Universal entrevistó a Gilma Úsuga y a David Garzón, asesora de Promotora Calle 47 y abogado de los procesos de Aquarela, respectivamente, quienes hablaron sobre este proceso y lo que “viene para el Distrito” en lo referente a este caso.
“La resolución policiva en la que el Distrito se está amparando solo ordenó la restitución de una fracción del edificio. No hay ninguna orden que diga que se debe demoler todo. Lo que ha dicho la Administración es que es imposible demoler esa fracción y que se tiene que demoler todo. Técnicamente ese corte se puede hacer, nosotros intentamos cumplir e iniciamos los trámites, pero el Distrito no dejó. El alcalde Dumek Turbay se está basando en un fallo en primera instancia; es decir, no hay un fallo definitivo. Lo que está haciendo es meter a la administración en una contingencia jurídica innecesaria”, expresa la constructora.
Con relación a la demolición gradual, desde Promotora Calle 47 aseguran que después de este desmonte interpondrán acciones legales en contra del Distrito por la supuesta arbitrariedad que están cometiendo para demolerlo sin tener una orden. “Tenemos una demanda con el Distrito en la que buscamos la indemnización de los perjuicios. Acá están cometiendo otro error, consideramos que arbitrariamente se metieron al predio a demoler sin estar ordenado”, aseveran. Lea también: A finales de agosto, el polémico edificio Aquarela dejará de existir
No obstante, cabe recordar que el desmonte de Aquarela se dio por orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, para restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito debe realizarla a través de la demolición.
Esta orden fue reiterada, en primera instancia, por la jueza Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena, Sandra Zúñiga Hernández, al declarar que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la Nación.
El pasado 30 de enero, Promotora 47 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito de Cartagena, que buscaba que se desvirtuaran las órdenes policivas que ordenaron la demolición y como medida cautelar la suspensión del desmonte de Aquarela. Sin embargo, el pasado 20 de marzo, la jueza María Angélica Somoza, jueza del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena negó la solicitud de parar la demolición de la torre 1 de Aquarela, estimando las órdenes policivas, por lo que la demolición sigue según su cronograma.
Intervención en Medellín
Respecto a la toma de las oficinas por parte de Control Urbano en Medellín expresan: “Reconocemos que las autoridades locales pueden tomar la posesión de haberes de una sociedad que se dedique a la enajenación de viviendas. Pero realmente no se tomaron ningunas oficinas. Fueron al domicilio de la sociedad y tomaron unos documentos. La consecuencia de eso es que remueven al representante legal y van a poner un agente especial que decidirá si liquidan a la sociedad o no. Eso es una decisión que tiene efecto inmediato, pero presentaremos los recursos que pueden estar sujetos a control judicial; y si confirman, nos tocará también demandar al Distrito. Esto es una estrategia para dejarnos sin herramientas para defendernos”.
¿Por qué si se trata de una medida preventiva o cautelar contemplada en la ley 66 de 1968 y ratificada en la ley 388 de 1997 ustedes señalan que debían avisarles o comunicarles la medida antes de practicada la diligencia?
“El Distrito se ampara en una norma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que dice que para esta clase de asuntos si no se logra notificar al representante legal, se notificará por aviso el día de la diligencia. Acá no hubo un intento de notificación a representante legal”.
¿Por qué no dio cumplimiento a la orden expedida por la Inspección de Policía e insisten en mantener el proyecto en presunta violación de las normas del POT?
“El reparo que se hace al proyecto es que desatiende al POT. Dicen los que atacan al proyecto que en esa área solo se permite construir cuatro pisos, pero hay una circular del 2013 que permite la construcción en esas alturas y fue al amparo de esa circular que se obtuvo la licencia, la cual hoy en día sigue vigente. Está suspendida, pero ningún juez la ha declarado nula. La Inspección de Policía nunca dijo que se cumplió la licencia, dijo que se había ocupado espacio público”. Le puede interesar: Constructora de Aquarela interpondrá acciones legales por toma de sus oficinas
Luego del desmonte, el Distrito procederá a cobrarle todo lo invertido a Promotora y Constructora 47, ¿pagarán los $11.000 millones?
“Ellos se amparan en una norma que dice que cuando no se cumple la orden policiva, la tiene que hacer la autoridad y poder iniciar un cobro coactivo. Habrá que ver qué hacen frente a la sociedad Promotora Calle 47, que resulta que ellos mismos han intervenido. En este momento habrá que preguntarle al nuevo representante legal qué hará. El Distrito se basa en la sentencia en primera instancia, en la cual también se determina la actitud negligente del Estado al no haber adoptado oportunamente el Plan Especial de Manejo y Protección Patrimonio y por tanto es el responsable de los gastos de la demolición. Entonces, si el Distrito dice que va a cumplir la sentencia, que no está definitiva, que la cumpla completa”.
¿Quién le responderá a los compradores de apartamentos?
“Acá quien tiene que responder es quien causó el daño, el Estado. Planteamos un proyecto habitacional basado en las normas colombianas y unos compradores hacen adquisición de una vivienda en un proyecto debidamente licenciado. El Estado traza las leyes que regula actividad, pero empiezan a cuestionarlas para un solo constructor y no se dan cuenta que al cuestionar todas esas normas está cuestionándose a sí mismos porque fueron ellos quienes emitieron el POT, que aún hoy está vigente, y fueron ellos (el Estado) quienes omitieron presentar el Plan Especial de Protección de los Monumentos en el tiempo oportuno ante la Unesco”.
Y concluyeron: “Cuando se licenció el proyecto, no existía ese plan. Presentó un borrador en 2018, 8 meses después de haber sellado la obra. Esto no es más que una actuación desesperada para tapar todas sus fallas. El Ministerio de las Culturas tiene responsabilidad en este proceso y se la ha sabido descargar muy bien al Distrito de Cartagena”. Le recomiendo leer: Distrito apoyará a compradores de Aquarela para que les devuelvan la plata