La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado, solicitó que diversas autoridades cumplan con los compromisos adquiridos en el marco de la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2011, que ordenó la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
Las entidades involucradas en este proceso son la Alcaldía de Cartagena, Parques Nacionales Naturales, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Policía Metropolitana de Cartagena y la Capitanía de Puerto. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitó a estas instituciones que envíen un informe detallado sobre los avances alcanzados, tomando en cuenta los compromisos adquiridos en el último Comité de Vigilancia realizado el 27 de septiembre.
Entre las acciones requeridas se incluye la posibilidad de aumentar el personal policial en Isla Grande, actualizar y liderar el plan de seguridad para las islas, y coordinar con el Consejo Comunitario de Orika la presentación de iniciativas relacionadas con la administración de los predios de la zona.
Una de las principales directrices de la sentencia del Consejo de Estado para la protección del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo fue la creación de un modelo de desarrollo sostenible y un plan de manejo para el área marina protegida. Ambos instrumentos fueron formalmente adoptados con la Resolución 0551 del 2022, emitida por el Ministerio de Ambiente, pero aún están pendientes varias acciones esenciales para su plena implementación. Le puede interesar: Procuraduría pide acciones por las Islas del Rosario y San Bernardo
Entre estas medidas pendientes se encuentran acciones para controlar la contaminación, la sedimentación, la sobre explotación de los recursos marinos y la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas de la región.
Ante esta petición, Francisco Castillo González, asesor de despacho del Alcalde Dumek Turbay para Asuntos Ambientales, se refirió al comunicado emitido por la Procuraduría.
Castillo señaló que desde el Distrito están trabajando en coordinación con la Policía Metropolitana de Cartagena para analizar la posibilidad de aumentar el personal de seguridad en Isla Grande, haciendo especial énfasis en reforzar las acciones en materia de restauración ambiental y protección de las islas.
Asimismo, destacó el compromiso de revisar y actualizar el Plan de Seguridad para las islas, en colaboración con todas las autoridades locales, incluyendo la Policía Metropolitana de Cartagena y la Capitanía de Puerto de Cartagena, bajo la coordinación de la Secretaría del Interior de Cartagena.
“Seguimos estableciendo contacto con las comunidades a través de reuniones con el Consejo Comunitario de Orika, abordando las iniciativas relacionadas con la administración de los predios identificados. Este compromiso se reforzará mediante un espacio participativo en el que se incluirán las propuestas y necesidades de la comunidad local”, agregó. Lea también: Archipiélago del Rosario y San Bernardo: los avances y lo que está pendiente
El asesor también comentó que los alcaldes locales deben presentar los procesos policivos relacionados con la restauración de playas. “En línea con los informes solicitados por la Procuraduría, hemos requerido a las Alcaldías Locales 1, 2 y 3 que presenten un informe detallado sobre las acciones realizadas en el marco de los procesos policivos relacionados con la restauración de playas y terrenos de baja mar, conforme a los diagnósticos de la DIMAR”.
“En el Comité Ambiental Interinstitucional se destacó la necesidad de revisar los planes de acción y las estrategias para la protección costera, especialmente en relación con la erosión costera en zonas como Tierra Bomba y Punta Arena, donde se estableció una mesa de trabajo en la que participan el Departamento de Valorización Distrital, la Secretaría de Infraestructura, el programa de Asuntos Étnicos y Asuntos Ambientales. Este es un compromiso en el que el Distrito de Cartagena está plenamente involucrado”, concluyó.