Hace algunas semanas, la Fiscalía 20 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena instaló una valla a las afueras de la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en la cual informa sobre un trámite solicitado por la Aeronáutica Civil con relación a unos predios de su propiedad.
El caso se remonta a 13 años atrás, cuando la Superintendencia de Notariado y Registro alertó de una presunta apropiación de estos terrenos, ubicados en inmediaciones de La Bocana, por parte de particulares, al parecer con la intención de construir proyectos inmobiliarios.
La Aeronáutica Civil coadyuvó la denuncia y presentó una solicitud de restablecimiento del derecho ante la Fiscalía, en un trámite que avanza tras un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia este 2025 en el que se ordenó al ente acusador impulsar la investigación.
“La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil inició actuaciones con el fin de salvaguardar la titularidad sobre los terrenos que conforman el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Actuaciones que han sido adelantadas ante la Fiscalía General de la Nación, y en las que, como consecuencia de lo anterior, se fijaron vallas informativas de conformidad con la orden emitida por la Fiscalía 20 Seccional de Cartagena, dentro del trámite de restablecimiento del derecho dentro del cual la Aerocivil es víctima”, explicó la entidad a El Universal.
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En la valla figuran un total de 80 folios de matrícula inmobiliaria, que, según se lee serían los predios potencialmente involucrados en el proceso. De esta manera, se busca que las personas que crean tener algún derecho sobre estos inmuebles tengan conocimiento del trámite que se adelanta.
El origen de la denuncia por los terrenos de la Aerocivil
En 2012, la Superintendencia de Notariado y Registro denunció la apropiación ilícita por parte de particulares de terrenos ubicados entre la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y La Bocana, los cuales pertenecen a la Aeronáutica Civil.
El caso fue reportado tras una intervención preventiva a la Oficina de Registros Públicos de Cartagena, en la cual se encontraron inconsistencias registrales en las actualizaciones de las áreas de varios inmuebles.
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De ahí, según explicó en ese entonces la Superintendencia de Notariado y Registro, que la apropiación se habría dado mediante la aclaración de linderos y la posible falsedad de cartas catastrales, escrituras y registros inmobiliarios.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia
Tras el paso de los años y la falta de acciones contundentes por parte de la Fiscalía para pronunciarse de fondo sobre el caso, en abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual le dio un plazo a la entidad para avanzar en la investigación.
La sentencia se dio en respuesta a una tutela que fue coadyuvada por la Procuraduría 84 Judicial II Penal de Cartagena, en la cual se advirtió de la grave afectación al patrimonio del Estado por la apropiación ilícita de los predios de la Aeronáutica Civil.
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En el fallo, la Corte cuestionó la inoperatividad de la Fiscalía para resolver el caso, considerando que en el proceso penal lo que se investiga es la posible defraudación del patrimonio público y la adopción de medidas para restablecer los derechos de los afectados.
Por este motivo recalcó la necesidad de que el ente acusador se pronuncie de fondo frente a la medida de restablecimiento del derecho a la que haya lugar, la cual ya se encuentra en trámite.
El Universal intentó conocer más detalles sobre este tema con la Fiscalía General de la Nación, sin embargo el ente manifestó que la investigación cuenta con reserva judicial para terceros ajenos al proceso de conformidad al artículo 14 de la Ley 600 de 2000.