Jueces con funciones de conocimiento condenaron a cuatro personas implicadas en delitos que afectaron el erario público en Cartagena, según elementos de pruebas que fiscales de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar presentaron.
La justicia impuso una condena de seis años de prisión a Lewis Caraballo Torres, Delsy Selene Sánchez Camargo y Claudia Patricia Valdés Bohórquez. Ellos recibieron esta sentencia por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Los exfuncionarios de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos habrían aprovechado su entonces condición dentro de la entidad para incurrir en las irregularidades que la Fiscalía investigó y probó. Lea también: Fiscalía y Policía lanzan en Cartagena mecanismo de mediación para resolver conflictos sin proceso penal
¿Cuándo ocurrieron los hechos que condenaron a los exfuncionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena?
La decisión judicial vinculó hechos que ocurrieron entre los años 2009 y 2010. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en ese periodo, una empresa de transporte público de Cartagena celebró varios contratos para adquirir predios. La empresa buscaba adecuar vías y construir paraderos para el sistema.
La investigación evidenció que dos particulares y una empresa privada realizaron aclaraciones de linderos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos antes de protocolizar las referidas ventas.
Según la Fiscalía, este proceso generó un incremento en el área de los predios y, en consecuencia, elevó el avalúo de estos. Los ahora sentenciados avalaron y aprobaron este trámite sin incluir los soportes correspondientes. Entre ellos, omitieron el concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un requisito fundamental.
Fiscalía impuso otra condena a extrabajadora de caja de compensación en Cartagena
En otra investigación, un juez avaló las pruebas que la Fiscalía presentó y condenó a Norelis Sofía Alemán Álvarez a cinco años y tres meses de prisión. Ella, como exanalista de crédito de una caja de compensación en la capital bolivarense, incurrió en el delito de peculado por apropiación.
La Fiscalía determinó que, durante los meses de enero, marzo, abril y mayo del 2015, la mujer aprobó en su favor cuatro préstamos que sumaron $11.900.000. Afirmó que ella realizó esta gestión, incumpliendo requisitos esenciales.
Entre estos, no entregó soportes de ingresos ni obtuvo autorizaciones por parte del área de recursos humanos. Adicionalmente, la investigación detectó que ella anuló los créditos del sistema sin haberlos cancelado. Le puede interesar: Judicializan a extesorero por posibles actos de corrupción en colegio de Cartagena
La sentencia sumó a la pena de prisión el pago de una multa de 3.203 salarios mínimos legales vigentes. Además, la condena incluye la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta. La Fiscalía aclaró que los sentenciados pueden interponer los recursos de ley contra las sentencias emitidas.