Por: Javier Ramos Zambrano, director del programa de Comunicación Social de la UTB
Los 619 intentos de suicidio registrados en Cartagena durante 2025 volvieron a poner la salud mental en el centro de la discusión pública. El 75 % correspondió a mujeres y tres de cada diez casos involucraron a personas que ya habían tenido un episodio anterior.
A partir de estas cifras, conversé con el psiquiatra Christian Ayola Gómez, director de la Unidad de Salud Mental CEMIC, sobre las fallas que, desde su experiencia, tiene actualmente el modelo de atención de salud mental en Cartagena, el papel de las EPS, la importancia del seguimiento después de un intento de suicidio y las decisiones que debería tomar el Distrito. Lea: Salud mental en Cartagena
¿Cuál es, desde su experiencia, el principal problema que tiene hoy Cartagena en materia de salud mental?
El principal problema de salud mental en Cartagena radica en la cultura, en la estructura familiar y social y en las fallas de la educación.
El problema tampoco se puede reducir al número de camas. Tiene que ver con el modelo de atención y con una financiación que está dirigida principalmente a la prestación del servicio en el segundo nivel. No quiero decir que se debilite ese nivel, sino que se fortalezca el primero. Se necesitan más recursos para programas de promoción y prevención.
¿Entonces estamos ante un problema de capacidad de atención o de cómo está organizado el modelo?
Fundamentalmente de cómo está organizado. Hoy los programas de promoción y prevención están en manos de las EPS y del Distrito. A las IPS se les exige desarrollarlos, pero muchas veces no tienen financiación para ejecutarlos.
La prevención debe ser medible y tener resultados concretos. No puede reducirse a actividades aisladas que no permiten saber si realmente están cambiando la situación de salud mental de la población.
Usted ha señalado que Cartagena tiene una oferta importante de camas psiquiátricas. ¿Realmente no necesitamos construir más?
De acuerdo con los parámetros que señalan la OMS y la OPS, lo recomendable son entre tres y cinco camas por cada 10.000 habitantes. Para una ciudad de un millón de habitantes estaríamos hablando de entre 300 y 500 camas. Sumando las camas de las diferentes IPS de salud mental que operan en el Distrito, considero que Cartagena está en una escala superior dentro de ese rango.
Por eso considero que es una equivocación enorme pensar que más camas psiquiátricas significan necesariamente una mejor respuesta a la crisis de salud mental. El modelo debe orientarse hacia la comunidad, fortaleciendo la promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación fuera del hospital.
Hay una paradoja: mientras hablamos de una crisis de salud mental, usted señala que en CEMIC, una institución especializada, hay camas disponibles. ¿Qué está ocurriendo?
Nuestra clínica registra baja ocupación. Las camas están vacías por muchas razones, entre ellas fallan los sistemas de remisión de las EPS y existen dificultades en los proceso de autorización. Algunas EPS no permiten que la IPS acepte directamente al paciente si ellas no lo remiten, incluso tratándose de una urgencia psiquiátrica. Falta un mejor sistema de comunicación entre remitente y receptor. Lea: Dadis explica cómo funcionará la nueva Política Pública de Salud Mental en Cartagena desde 2027
En su experiencia, ¿qué ocurre con una persona después de salir de urgencias o de una hospitalización por una crisis suicida?
Lo ideal es que exista un seguimiento estricto, pero la mayoría de las EPS tiene su propia consulta externa en salud mental. Una cita con el especialista para este tipo de pacientes puede estar a 30 o 90 días. Esa es una ventana peligrosa.
Una vez resuelta la crisis, debemos propiciar que los pacientes continúen bajo vigilancia en hospital día, una modalidad en la que acuden diariamente a la clínica sin pernoctar allí, reciben terapia y se vigila su evolución.
En Cartagena, tres de cada diez personas que intentaron suicidarse durante 2025 ya habían tenido un episodio anterior. ¿Qué le dice esa cifra como psiquiatra?
Ese no es un hallazgo exclusivo de Cartagena. Estudios epidemiológicos internacionales señalan que entre el 12 % y el 25 % de los pacientes con un intento de suicidio volverán a intentarlo dentro del siguiente año. El 70–80 % de las personas que mueren por suicidio consultaron algún profesional de salud en el año previo; 20–30 % recibieron atención de salud mental. Un 45–60 % tuvieron contacto con atención médica primaria el mes previo. Es en focos como estos donde deberíamos concentrar la atención.
La atención del fenómeno suicida debería corresponder a una escala lógica: prevención, atención oportuna especializada y seguimiento posterior a la crisis. Ese seguimiento debe hacerse de manera puntual, tanto con el paciente como con su entorno.
Esta recurrencia podría mitigarse con una consulta continua con el psiquiatra, no cada tres o seis meses como ocurre actualmente en muchos casos. También se necesita un control de calidad de la consulta. No pueden ser consultas de cinco minutos en las que un psiquiatra atiende a 20 pacientes en una mañana o una tarde.
¿Qué está fallando entonces en la ruta de atención?
Las EPS tienen en sus manos la gestión del riesgo y la obligación de hacer promoción y prevención. Las remisiones dependen de ellas porque actúan como aseguradoras, pero hace falta mayor vigilancia del ente territorial y de la Superintendencia Nacional de Salud sobre los problemas que afectan a los usuarios.
También necesitamos más psiquiatras en el primer nivel de atención. Muchas personas tienen contacto con el sistema de salud antes de una crisis, pero ese contacto no necesariamente incluye una evaluación adecuada de su estado emocional.
Datos del Ministerio de Salud muestran que el 70,9 % de los pacientes no fue explorado sobre su estado emocional durante consultas médicas generales. Eso significa que muchas personas están llegando al sistema de salud antes de una crisis, pero su sufrimiento psicológico pasa inadvertido.
Prevención por la salud mental en Cartagena
¿Dónde debería comenzar entonces la prevención?
Desde la consulta obstétrica prenatal. La madre y el padre deberían recibir psicoeducación sobre apego, crianza humanizada, desarrollo infantil y prevención de experiencias adversas durante la infancia.
Después hay que llevar la prevención a las escuelas. Deben existir programas de inclusión para neurodivergentes, contra el bullying, educación en habilidades psicosociales, prevención del consumo de sustancias y educación en salud mental. También necesitamos formar a los docentes para que puedan implementar adecuadamente estos programas.
En las universidades también debería haber programas preventivos y de apoyo a consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas. Y en muchos colegios del Distrito todavía hacen falta psicólogos; incluso en algunos casos el profesional contratado termina cumpliendo funciones diferentes a las que debería desempeñar.
Entonces, ¿el problema también es cultural?
Sí. Lo primero que entendemos mal es el concepto de salud mental. Hoy encontramos influencers en redes sociales hablando de salud mental sin ninguna formación.
Como sociedad solemos hablar de salud mental desde el miedo, el desconocimiento y la urgencia. La entendemos como un asunto que aparece cuando algo ya se rompió, como si fuera un incendio que solo merece atención cuando las llamas son visibles.
Si entendiéramos la salud mental como un proceso continuo, como una parte esencial de la vida humana, dejaríamos de esperar a que el dolor se convierta en una emergencia para tomarlo en serio. Pedir ayuda debería ser una forma natural de cuidarnos y no un acto desesperado.
La Alcaldía ha anunciado 34.000 millones de pesos para la política pública de salud mental. ¿Qué debería hacer el Distrito con esos recursos?
Esperemos que, para su ejecución, capte profesionales capacitados y con experiencia o contrate instituciones que la tengan. Que esos 34.000 millones no se desgranen en contratos de papel ni en la apertura de más camas psiquiátricas, cuando hay mucho trabajo por hacer en la comunidad.
El Distrito debería fortalecer la atención comunitaria y contar con un comisionado especial en salud mental que asesore al alcalde y oriente el desarrollo y la vigilancia del cumplimiento de la política pública.
Después de conocer estas cifras y de revisar las fallas del sistema, ¿cuál debería ser el cambio más importante?
Un cambio cultural. El tejido social está muy afectado. Hay problemas de crianza, consumo de alcohol y sustancias, violencia y dificultades en las relaciones familiares. Es fundamental impulsar escuelas de padres y trabajar directamente con las comunidades.
Aquí hay mucho por hacer.