Un grupo de accionistas de Aguas de Cartagena (Acuacar) hicieron un llamado urgente al Concejo Distrital y a la ciudadanía para que adoptaran una decisión informada sobre el Proyecto de Acuerdo No. 116 de 2026, “Por el cual se autoriza la constitución de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P., y se dictan otras disposiciones”.
Según confirmaron, era indispensable que esta determinación se base en estudios técnicos, jurídicos, económicos, financieros, fiscales y patrimoniales completos. Lea también: Así sería la nueva empresa de acueducto y alcantarillado para Cartagena
Cabe recordar que este proyecto, el cual se sigue analizando en la corporación edilicia, propone la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., una entidad con capital 100 % público.
De acuerdo con la Alcaldía de Cartagena, esta compañía asumiría el control, la planeación y la optimización de los servicios esenciales de la ciudad, evitando que manejos privados afecten la dignidad y calidad que requiere el servicio a las comunidades.
Además, la iniciativa marcaría el inicio del desmonte definitivo del modelo de privatización absoluta, hoy liderado por Veolia y Aguas de Cartagena (Acuacar), que impera desde los años 90.
¿Qué dijeron los accionistas de Aguas de Cartagena sobre el proyecto de la empresa pública de servicios?
Los accionistas indicaron que la discusión actual no debe limitarse a la elección entre un modelo público o uno de participación público-privada. Argumentaron que el enfoque principal reside en determinar cuál de las opciones ofrece mayores garantías de continuidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para el servicio de agua en Cartagena.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, advirtió preventivamente sobre la posible coexistencia de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P. con las obligaciones que actualmente ejecuta Acuacar bajo un contrato vigente.
Antes de cualquier resolución, los accionistas enfatizaron la necesidad de establecer con claridad el papel de esta nueva empresa propuesta. Solicitaron identificar los riesgos de duplicidad o interferencia contractual, las contingencias jurídicas y fiscales que esto podría representar para el Distrito y el costo real de mantener estructuras simultáneas.
Además, consideraron crucial analizar los efectos sobre el patrimonio público y definir las condiciones de una eventual transición sin afectar la prestación esencial del servicio a la comunidad.
¿Qué implicaciones tendría la creación de una nueva empresa pública de servicios para Cartagena?
La facultad jurídica para crear una empresa oficial no significa, según los accionistas, que represente automáticamente la alternativa más conveniente para Cartagena. Por ello, consideraron indispensable comparar objetivamente varios escenarios posibles.
Plantearon fortalecer el esquema vigente, renegociar sus condiciones actuales, asignar funciones complementarias a las entidades existentes o adoptar un modelo completamente nuevo cuya superioridad estuviera previamente demostrada con hechos.
Solicitaron explícitamente que, antes de la votación definitiva del Proyecto de Acuerdo No. 116, el Concejo Distrital y la ciudadanía tengan acceso a los estudios que sustenten integralmente la iniciativa. Afirmaron que esta información es fundamental para establecer con precisión sus costos, riesgos asociados, contingencias jurídicas y fiscales, y los efectos que traería para la ciudad.
Para que una nueva sociedad asuma plenamente su objetivo, los accionistas recalcaron que se debe resolver la relación contractual vigente con Acuacar. Según su información, el contrato del Gestor Integral del Servicio de Acueducto y Alcantarillado (GISAA) todavía mantiene una vigencia superior a los ocho años.
Adicionalmente, alertaron que si se acude a la figura de la caducidad del contrato, podría originarse una reclamación del socio operador Veolia, ante la ausencia de causales fuertes que respaldaran esa decisión. Explicaron que esta situación podría traducirse en indemnizaciones de enorme magnitud para la ciudad y acarrearía eventuales responsabilidades disciplinarias y penales para los funcionarios involucrados.
Finalmente, aclararon que su postura no busca defender una empresa o un modelo determinado. Por el contrario, su objetivo fundamental es garantizar que una decisión estratégica, de la trascendencia que implica el servicio de agua para Cartagena, se adopte con información completa, evidencia suficiente, una comparación objetiva de las opciones y total seguridad jurídica.
Concluyeron que cualquier transformación debe representar un avance comprobable y no una apuesta cuyas consecuencias solo se conocerían una vez implementada. Le puede interesar: Procuraduría advierte posibles riesgos de proyecto para crear empresa de servicios en Cartagena