La Fiscalía inició acciones legales contra un funcionario de la Secretaría de Educación de Cartagena, Félix Augusto Escorcia Atencio, y su hijo, Félix José Escorcia Gómez, por presuntos actos de corrupción que habrían afectado el erario público en más de 110 millones de pesos.
“La fiscalía cuenta con información que evidenciaría la afectación al erario en por lo menos 110 millones de pesos. Para la Fiscalía el procesado habría excedido sus funciones al obtener doble remuneración del Estado”, informó la Fiscalía en un comunicado. Lea aquí: Edurbe responde a constructora de Aquarela por quejas sobre el desmonte
Según la Fiscalía, Escorcia Atencio habría utilizado su posición en el Fondo de Servicios Educativos (FOSE) para manipular informes contables trimestrales de varios colegios públicos entre 2020 y 2023. Se alega que suscribió contratos que luego fueron ejecutados por terceros, y los pagos resultantes fueron desviados hacia su hijo.
“Se considera que el procesado suscribió; entre 2020 y 2023, varios contratos que fueron ejecutados por una tercera persona. También habrían definido que los pagos por dichas labores fueran entregados a su hijo, Felix José Escorcia Gómez”, apuntaron. Lea aquí: Así avanza la marcha contra el Gobierno Petro en Cartagena
Estas actividades ilegales permitieron, supuestamente, que el funcionario y su hijo se beneficiaran económicamente a expensas del erario público. La Fiscalía imputó cargos a ambos por delitos como peculado por apropiación, abuso de la función pública y enriquecimiento ilícito.
Los acusados comparecieron ante un juez de control de garantías, donde se les impuso una medida privativa de la libertad y se fijó una caución superior a los 10 millones de pesos para cada uno.
“La fiscalía imputó a Escorcia Atencio y Escorcia Gómez, según sus responsabilidades individuales, delitos como peculado por apropiación, abuso de la función pública y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptaron. Además cada uno deberá una caución superior a los 10 millones de pesos”, informaron.
Cabe destacar que los rectores de dos colegios públicos también enfrentaron acciones legales previas por facilitar presuntamente las actividades ilegales de los ahora judicializados.