Los más de 10 mi habitantes que hay en el corregimiento de Bocachica se quedaron sin el vital servicio de salud, un derecho fundamental que según ellos históricamente se les ha vulnerado. Desde el año 2015, cuando el centro de salud que tenían les fue demolido con la promesa de reconstruirlo, la atención médica la recibían en una pequeña vivienda que fue adaptada para tales fines bajo un contrato de arrendamiento.
Sin embargo, la semana pasada la propietaria de dicho inmueble, cansada de esperar que le pagaran los meses atrasados, decidió ponerle candados al lugar y cerrarlo de manera indefinida hasta que las autoridades le garanticen una solución a la deuda.
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“Nos hemos reunido con el Dadis, con la ESE, con la Secretaría de Infraestructura y con todas las entidades competentes para que se le atendiera el llamado desesperado que hacía la propietaria, pero no ha sido posible. Nadie de la Alcaldía ha mostrado interés en responderle, por eso ella tomó esa decisión. Nosotros no queríamos que esto pasara porque la población es la que se afecta, pero tampoco podemos prohibirle a la dueña que actuara así”, manifestó Jarlewis Castro, representante legal del Consejo Comunitario de Bocachica.
Al parecer, no solo en lo que va del 2020 han dejado de cancelarle la mensualidad a la titular del inmueble, sino que el retraso vendría desde los últimos meses del año pasado.
De igual forma, se conoció que a finales de marzo cuando se inició la pandemia, al sitio dejaron de asistir los médicos generales de manera presencial y solo atendían de forma virtual, pero las enfermeras sí iban todos los días porque son trabajadoras nativas y residentes en la población.
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Bocachica es el corregimiento más poblado de toda la zona insular de Cartagena, incluyendo a los que pertenecen a la península de Barú y a los de San Bernardo. Todos esperan que pronto el Distrito haga la gestión pertinente para resolver, ya que muchos adultos mayores necesitan el servicio médico de primera mano.
Pero Bocachica no es la única población de la isla de Tierrabomba que se quedó sin centro médico, pues en Punta Arena también le pusieron candados y cadenas al puesto de salud que atendía a los cerca de 1.200 moradores. Allí, el dueño del inmueble llegó a ese extremo alegando que necesitaba el dinero del arriendo de todo el año 2020, pero nadie le daba respuestas claras.
“Hace tres días nos quedamos huérfanos del servicio, es una situación muy angustiante porque tenemos mucha gente de la tercera edad y niños que necesitan ser examinados. El dueño de la casa dice que le deben nueve meses de alquiler y nadie le dice nada. Como líderes tenemos mucha preocupación porque, a pesar de que estamos sanos, corremos un riesgo grande. Ir a Cartagena en busca de un médico representa un costo grande para cualquier habitante, pedimos a la Alcaldía que solucione este inconveniente. Estamos en plena pandemia y necesitamos nuestro centro de salud”, expresó la gestora comunal Ana Coneo.
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