“Ese lunes 19 de junio de 1989, cuando ocurrieron los hechos, a nosotros los pescadores nos marcó. Hoy tenemos un antes y un después de ese día, porque la bahía de Cartagena más nunca volvió a ser la misma”.
De esa manera recuerda Manuel Ahumedo, pescador del corregimiento de Pasacaballos, el fatídico derrame de un compuesto de la empresa Dow Química en la bahía de Cartagena, el cual afectó para siempre su ecosistema y todas las dinámicas sociales y económicas que desarrollaban en ese lugar.
En ese entonces, al menos 3 kilómetros cuadrados resultaron afectados y las pérdidas para el sector pesquero se cuantificaron en al menos $12 mil millones.
Tuvieron que pasar 26 años para que todas las comunidades afectadas por ese hecho encontraran algo de reivindicación por lo sucedido. En 2015, a través de la sentencia T-080, la Corte Constitucional confirmó un fallo de primera instancia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, en el cual la empresa fue obligada a pagar alrededor de 6 millones de dólares para el restablecimiento de la bahía.
Y en una decisión histórica, el Alto Tribunal también ordenó que la comunidad afectada participara en la elaboración y definición de los planes de restablecimiento de la bahía liderados por la autoridad pública.
“Esta comunidad participará en las actividades de monitoreo y control que se adelanten y contará con la financiación de la asesoría que requieran, a cargo de Dow Química, a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la participación efectiva”, expresó la Corte Constitucional en la sentencia.
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Esta orden ha sido el punto de partida de un trabajo que por año y medio han venido realizando en conjunto Consejos Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de pescadores y cabildos indígenas de poblaciones como Albornoz, Puerta de Hierro, Ceballos, Arroz Barato, Policarpa, Pasacaballos, Bazurto, La Cuchilla, Santa Ana, Ararca, Playa Blanca, Barú, Bocachica, Caño de Loro, Punta Arena, Tierrabomba, Islas del Rosario, Bajo del Tigre, La Concordia, Membrillal, Leticia y Recreo, que juntas han formado lo que hoy se conoce como la “Mesa Estratégica Comunitaria para la Bahía de Cartagena”.
“Esta sentencia despertó en nosotros un interés de por lo menos volver a ver a la bahía en un mejor estado, sabemos que no será totalmente recuperada porque su morfología en 32 años ha cambiado mucho, pero soñamos con que vuelva a ser si quiera el 60% de lo que era antes”, sostuvo Ahumedo.
A través de un trabajo mancomunado con el apoyo de Corteva, empresa de Dow Química encargada de la compensación, se diseñó un modelo de corresponsabilidad para la restauración colectiva de la bahía.
“Nosotros amamos y cuidamos nuestra madre naturaleza y este trabajo nos ha permitido fortalecer las comunidades que convergemos alrededor de la bahía. Es así que hemos construido un propósito que es contribuir al cumplimiento de la sentencia T-080, recuperar la función productiva de la bahía y lograr su sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica, convirtiéndonos en una empresa comunitaria a través de un liderazgo basado en el amor, la constancia, la transparencia, el conocimiento y el fortalecimiento para construir colectivamente el bienestar de las comunidades”, dijo Roger Suárez, capitán del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal.
Es así que este modelo contempla principalmente cuatro líneas de acción: recuperación de los servicios biológicos y servicios ecosistémicos; gobernanza ambiental para el cuidado y desarrollo sostenible de la bahía de Cartagena; gestión integral del recurso hídrico marino costero; y la gestión integral de residuos.
Cada una de estas líneas, cuenta con distintos programas encaminados a devolverle a la bahía todo lo que perdió con el derrame de hace 32 años, y a su vez potenciar su valor para la ciudad.
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En la primera de ellas, por ejemplo, se contempla el desarrollo de un programa de fomento a la pesca artesanal como herramienta sostenible de conservación; un programa de reforestación y restauración de flora; y también el fomento de los negocios verdes e incentivos ambientales a la conservación.
Así mismo, en la línea de gobernanza se plantea un sistema comunitario de monitoreo ambiental a la bahía y un centro de pensamiento para el análisis de alternativas de restauración.
Y en cuanto a la gestión del recurso hídrico, también se incluye la restauración y recuperación de caños, ciénagas, lagunas y otros ecosistemas asociados a la bahía, y el plan maestro para el ordenamiento marino costero.
Esa es la propuesta que las comunidades ponen sobre la mesa a las autoridades ambientales, y a quienes piden mayor atención para poder materializar todo lo que han construido hasta el momento.
Ahora el clamor de estas poblaciones es que si bien ya tienen un trabajo adelantado, de ahora en adelante sean tenidos en cuenta para cualquier intervención que se realice en la bahía de Cartagena.
“No somos un grupo homogéneo, cada grupo tiene sus propias características y su propia identidad pero nos unimos en un solo propósito. Para poder avanzar en procesos de desarrollo de la bahía se debe hablar con sus defensores”, apuntó Mirla Aaron, representante del Consejo Comunitario de Tierrabomba.
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En esta línea, Wilman Herrera, representante del Consejo Comunitario de Caño de Loro, también indicó que este proceso ha impactado de manera positiva en las mismas comunidades.
Herrera destacó que en este sentido, las acciones no deben quedarse solo en el cumplimiento de la sentencia.
“En cualquier intervención que se le vaya a hacer a la bahía de Cartagena que traiga consigo desarrollo necesariamente juega un papel importantísimo la participación diferencial de la comunidad. Estamos en la obligación de proteger un bien colectivo, natural, ambiental, un bien que recoge todo ese acervo ecoturístico de los nativos y visitantes”, puntualizó Herrera.
Si bien la empresa responsable ya pagó los 6 millones de dólares para el restablecimiento de la bahía, a la fecha estos recursos aún no se invierten, pues siguen a nombre del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena.
La intención de la comunidad, es que pueda instalarse un comité conformado por ellos, la Alcaldía, Cardique y el Ministerio de Ambiente donde se puedan tomar las decisiones técnicas y administrativas relacionadas a la inversión de los recursos.
“Nosotros apoyamos la decisión que este servidor público maneje con relación a que los recursos logren el fin determinado y cualquier decisión que tome el juez atendiendo a que se respete el interés general es apoyado por la comunidad. Esperamos que esto se defienda porque la bahía de Cartagena no solo garantiza la seguridad alimentaria de muchos sino que es el espacio que nos permite sentirnos orgullosos de ser cartageneros por su posición geográfica”, dijo Wilman Herrera, representante del Consejo Comunitario de Caño de Loro.
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