Cartagena


Concepto de la Procuraduría frena pago del Distrito a la Maternidad

El Ministerio Público emitió su concepto sobre la transacción para el giro de 5.446 millones de pesos que destinó el gobierno Dau a esta clínica de la ciudad.

LIA MIRANDA BATISTA

16 de octubre de 2021 10:30 AM

Un nuevo obstáculo se interpone en el camino para sanear la crisis financiera de la ESE Maternidad Rafael Calvo. Si bien el pasado 3 de octubre, la Alcaldía de Cartagena anunció la transacción para el giro de 5.446 millones de pesos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para esta clínica, hay un nuevo inconveniente. Lea: ¡Por fin! Alcalde William Dau destinó $5.446 millones para la Maternidad

El procurador 9 Judicial para Asuntos Civiles, Héctor Iván Máttar Gaitán, emitió su concepto sobre dicha transacción que el Distrito está obligado a pagar dentro del proceso de la demanda ejecutiva que interpuso la Maternidad.

“Esta transacción no es ningún acto voluntario ni generoso, ni que ‘El Tractor’ quiere apoyar a la Maternidad, no. El Distrito está obligado por la demanda ejecutiva que interpusimos en su contra y porque es una deuda”, explicó en su momento Tomás Rodríguez Manotas, gerente de la Maternidad Rafael Calvo. Lea: $5.446 millones del Distrito a la Maternidad “es un abono a la gran deuda”

En su concepto, la Procuraduría cuestionó el hecho de que el alcalde William Dau no aportara por escrito lo acordado en el Comité de Conciliación, requisito indispensable para establecer la legalidad de la transacción celebrada entre el Distrito y la Maternidad el pasado viernes 1 de octubre.

“En el presente asunto advierte el Ministerio Público ab initio, la insoslayable necesidad de que se allegue a la actuación la evidencia documental de la aprobación de la citada transacción por parte del Comité de Conciliaciones del Distrito de Cartagena, a fin de establecer a cabalidad su legalidad. (...) A juicio de esta Procuraduría Judicial, sin esa constatación documental no le será dable al Despacho aprobarla”, expone el ente de control.

El procurador 9 Judicial para Asuntos Civiles, Héctor Iván Máttar Gaitán, emitió su concepto sobre dicha transacción que el Distrito está obligado a pagar dentro del proceso de la demanda ejecutiva que interpuso la Maternidad.

Y agrega que “acorde con esa normativa es menester, en el caso concreto, acreditar la asistencia a la sesión correspondiente del mencionado Comité, del alcalde distrital de Cartagena o su delegado; del ordenador del gasto; y del jefe de la Oficina Jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses litigiosos de la entidad territorial demandada o su delegado, entre otros aspectos”.

Así las cosas, el procurador expone ante el juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que mientras subsista este inconveniente “el juzgado deberá abstenerse de aprobar la transacción sobre la cual versa el presente pronunciamiento”.

Ante ello, el gerente de la Maternidad aseguró que este concepto frena una vez más el pago para más de 200 trabajadores que prestan servicios en la clínica.

“Estamos en vilo porque no sabemos si el juez acogerá o no el concepto del procurador. Pero por otro lado, la Alcaldía ya debió subsanar esto, porque pudo colocar su Comité de Conciliación de manera extraordinaria, hacer la autorización, y poder así subsanar este inconveniente. Pero no tenemos conocimiento sobre lo que ha hecho la Alcaldía y el juez tiene sus días para pronunciarse”, dijo Rodríguez Manotas.

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“Estamos como al principio, en el limbo. Prácticamente con el espejismo de esos recursos para pagarles a nuestros trabajadores”, añade. Lea: “Héroes de la salud” sufren los estragos de ocho meses sin pagos

El juez Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dispone de unos días para analizar este concepto del Ministerio de Público y así emitir su fallo. Por lo pronto, el desembolso de la anunciada transacción sigue frenado.

¿Qué dice el Distrito?

Consultados por El Universal, desde la Oficina Jurídica informaron que consideran que la transacción realizada se encuentra dentro del marco de la ley, es beneficiosa para el Distrito e “impacta positivamente en la comunidad y en la salvaguarda del sector salud”, por lo que la entidad, luego de fijar su posición en el marco del debido proceso, quedará a la espera de la decisión respectiva por parte del juez.

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