Cartagena


Convenio para demoler Aquarela, a un trámite de estar listo

Aunque han pasado cuatro meses desde que el alcalde Dau aseguró que la edificación caerá, todo indica que la promesa se cumplirá en el transcurso del primer semestre del año.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

22 de febrero de 2021 12:00 AM

El tiempo pasa y la torre de Aquarela sigue imponente sin importar si llueve o hace sol. Ayer se cumplieron cuatro meses desde que el alcalde de Cartagena, William Dau, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público invadido por el edificio.

Esto se hizo luego de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) emitiera un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario, donde concluyó que debe ser destruida por completo. (Lea aquí: ¿Finalmente caerá Aquarela en 2021?)

Según explicó la Oficina Jurídica, en diciembre del año pasado la administración recibió el borrador del convenio interadministrativo que tendrá por objeto: “Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A.-, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, para lograr implementar la medida correctiva policiva (demolición de obra) ordenada por medio de la Resolución 001 del 9 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la unidad comunera de gobierno número 2 del Distrito de Cartagena, con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público”.

“Tras recibir el documento, a través de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito se hicieron algunos ajustes, después de un análisis técnico y jurídico”, sostuvo Myrna Martínez Mayorga, jefa de la cartera.

Cabe resaltar que se estima que el costo de la demolición de este edificio oscila entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por las autoridades nacionales.

¿Qué falta?

De acuerdo con la funcionaria, luego de los análisis “se realizaron mesas de trabajo entre la Alcaldía, la Ungrd y Mincultura, en donde se evaluaron las observaciones hechas por esta administración y también por el ministerio. Una vez recibidas y subsanadas todas las observaciones, se consolidó el documento final, al cual desde el Distrito ya le dimos trámite y remitimos la información necesaria para la suscripción”.

Martínez recalcó que actualmente el convenio se encuentra en la etapa de formalización por parte del Ministerio de Cultura para proceder con la firma.

Por su parte, la Ungrd manifestó que en el acompañamiento técnico para la materialización de la orden de demolición del edificio Aquarela y en el marco de los principios de subsidiariedad y concurrencia, “ha ratificado su compromiso para realizar todas las gestiones necesarias para evitar la posible ocurrencia de escenarios de riesgo que pueden presentarse ante una emergencia causada por un posible colapso de la estructura”.

“En virtud de los principios de colaboración y coordinación se han realizado tres mesas de trabajo (11 y 16 de diciembre de 2020, y el 8 de enero de 2021), en las cuales se ha logrado estructurar los documentos previos, al igual que concertar los compromisos que pretenden adquirir cada una de estas entidades desde el ámbito de sus competencias”.

Blindaje jurídico

Uno de los puntos más delicados en este proceso son las multimillonarias demandas que hay en juego. Teniendo en cuenta que Promotora Calle 47 argumenta que Aquarela es una obra debidamente licenciada, ya interpuso una demanda de reparación directa contra el Estado.

“El Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena desconocieron los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad urbanística aplicable al proyecto de vivienda de interés social”, indicó la constructora.

Agregó que la Alcaldía de Cartagena puso en entredicho la legalidad de las licencias que amparan el proyecto, “suspendiendo de manera ilegal la continuación de la obra”.

Para llegar preparados a ese punto (y con mucha anterioridad), el Distrito suscribió un convenio con la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (Andje), de tal forma que haya una opinión especializada en la defensa de lo público, “que sirva de apoyo sobre temas que, dado su complejidad desde el punto de vista jurídico, ameriten un nuevo soporte que sirva de guía, para que las decisiones adoptadas sean las más acertadas y responsables con los intereses colectivos”.

El director de la entidad, Camilo Gómez, reiteró que la agencia acompañará al Distrito en las acciones judiciales que sobrevengan una vez se restituya el espacio público ocupado indebidamente por la edificación.

“En el tema del edificio Aquarela vamos a acompañar en todos los procesos jurídicos, tanto como demandantes, como demandados, a la ciudad de Cartagena y habrá que iniciar todas las acciones jurídicas que sean necesarias. Desde la agencia vamos a apoyar para que se restituya ese bien tan preciado, que es el patrimonio universal, de los colombianos y cartageneros”, indicó.

A su vez, la Oficina Jurídica de la Alcaldía ha sostenido que atenderá cualquier reclamación que se presente en contra de la Administración distrital.

“Nos hemos acompañado por la Andje y la misma Procuraduría para complementar el blindaje jurídico de la Administración respecto a una posible responsabilidad en acciones futuras que se presenten por parte de quienes consideren resultan afectados”.

¿No representa riesgo?

A mediados de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró como improcedente una tutela de la Procuraduría General de la Nación contra el Distrito de Cartagena, en la que se alegaba que no se estaban llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la orden de demolición.

Si bien la acción de tutela no tiene injerencia en la orden policial para la restitución del espacio público, pues este sigue su curso, llama la atención que el jurista señala que Aquarela no representa una situación de urgencia.

De igual modo, destaca que la Procuraduría General de la Nación no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros y que el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros indica que el edificio solo “podría estar en riesgo de afectación bajo la presencia de la eventual ocurrencia de un sismo o un incendio”. que la Sala no desconoce que la edificación de la primera torre del proyecto Aquarela presenta unas presuntas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10 y fue sancionada por ocupar de forma indebida el espacio público, observa que no acreditó que tal circunstancia implicara una situación de urgencia o de gravedad que tornara irrazonable o desproporcionada la exigencia de acudir a los medios judiciales ordinarios de protección”, establece el fallo.