Cartagena


¿Finalmente caerá Aquarela en 2021?

En medio de tantos litigios, declaraciones y señalamientos, todo parece indicar que en el 2021 la administración de William Dau demolerá la polémica torre.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

04 de enero de 2021 11:57 AM

Quizás Aquarela no sea el problema más grave que tiene Cartagena, pero sí es uno que ha merecido toda la atención de las autoridades distritales, nacionales e internacionales. El gigante edificio que se alza en cercanías del Castillo San Felipe y amenaza con que la ciudad pierda su título de Patrimonio de la Humanidad parece tener las horas contadas.

Luego de que en octubre el alcalde de la ciudad, William Dau Chamatt, anunciara que demolería ese edificio, recientemente se conoció que el burgomaestre ya tiene en sus manos el borrador del convenio que permitirá tal hecho.

Se trata de un convenio interadministrativo tripartito que será suscrito entre la Alcaldía de Cartagena, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (con cargo al fondo de Fiduprevisora S.A.), y el Ministerio de Cultura.

El mismo tendrá por objeto: “Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A.-, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, para lograr implementar la medida correctiva policiva (demolición de obra) ordenada por medio de la Resolución 001 del 9 de octubre de 2018 por la inspectora de policía de la unidad comunera de gobierno número 2 del Distrito de Cartagena, con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público”.

Al respecto, el alcalde Dau indicó que, si bien recibió el borrador del convenio, en este momento el equipo jurídico de la Alcaldía y la Oagrd realizan algunas modificaciones al documento, para luego devolver a la Ungrd y a Mincultura para sus comentarios finales y proceder a la firma del mismo.

Dau precisó que la acción de demolición costará entre $2 mil y $3 mil millones, y que la mayoría de los recursos vendrán del Gobierno nacional.

Una lluvia de demandas

La confirmación de la demolición del Aquarela es por sí sola una de las noticias más relevantes, pero a su vez las demandas que ha generado tal determinación, al punto que el Distrito se está asesorando con la Agencia Jurídica del Estado para blindarse jurídicamente.

Una de ellas es la demanda de reparación directa interpuesta por la Promotora Calle 47 SAS, constructora de Aquarela, en contra del Estado. Se alega que el “Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena desconocieron los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad urbanística aplicable al proyecto de vivienda de interés social”.

Agregó que la Alcaldía de Cartagena puso en entredicho la legalidad de las licencias que amparan el proyecto, “suspendiendo de manera ilegal la continuación de la obra”.

La Promotora detalló que en la acción judicial expuso “la utilización del proyecto habitacional como excusa de la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena”.

Según conoció El Universal, para el caso de reparación directa (indemnización) a la constructora, el valor va aumentando con cada día que pasa y se suman gastos en abogados, arquitectos y asesores expertos en patrimonio mundial.

“La cifra, solo a las firmas constructoras, puede estar en unos cien mil millones de pesos”, indicó Promotora.

En la contraparte, la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado (Andje), señaló que está revisando la posibilidad de una demanda contra la constructora por los perjuicios causados a la ciudad y a la Nación, además del riesgo que ha causado a los bienes culturales.

En ese sentido, la jefa de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Myrna Martínez Mayorga, resaltó el trabajo que se viene realizando para cumplir la orden policiva que está pendiente desde 2018.

“Desde esta administración se han emprendido acciones para dar cumplimiento a las órdenes que están pendientes y que obligan a recuperar el espacio público que ocupa el edificio Aquarela.

“Actualmente, con la Ungrd se vienen adelantando mesas de trabajo para la elaboración del convenio interadministrativo tripartito, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden policiva. En este sentido, buscamos dar una pronta solución a una de las problemáticas más importantes de la ciudad, en salvaguarda de los derechos e intereses colectivos.”, indicó Martínez.

En medio de los dos bandos (constructora y Distrito) han quedado los compradores, que, entre otras cosas, se sienten abandonados en el proceso. Son por lo menos 900 familias las que adquirieron su unidad de vivienda en alguna de las cinco torres del proyecto y unas 200 que invirtieron en las torres 1 y 2.

Luis Eduardo Torres Luna es una de estas personas y en medio de la pugna se convirtió en el vocero de 110 compradores que se sienten en el “limbo”.

“Como compradores ya estamos siendo asesorados jurídicamente para presentar de manera formal las demandas judiciales en busca de nuestro resarcimiento patrimonial y los daños que se nos han ocasionado en estos largos tres años de suspensión de la obra”, dijo.

Cabe destacar que las diferentes acciones que ha adelantado la Alcaldía, el Ministerio de Cultura y la Agencia serán presentadas en un informe a la Unesco con el fin de que no se pierda la titularidad de Patrimonio de la Humanidad.

Mapa judicial de Aquarela

1. Nulidad Simple: Procuraduría General de la Nación vs. Curaduría Urbana N° 1 de Cartagena.

Pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Curaduría Primera Urbana de Cartagena otorgó licencias de construcción para la construcción del proyecto urbanístico Aquarela.

2. Acción popular: Ministerio de Cultura vs. Distrito de Cartagena; Secretaría de Planeación, Curaduría Urbana 1 de Cartagena y la Sociedad Promotora Calle 47 SAS.

Pretende la defensa del patrimonio cultural, afectado por la construcción del proyecto multifamiliar VIS Aquarela, el cual impacta la visual y el entorno paisajístico del Castillo San Felipe de Barajas, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional y puso en riesgo la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco.

3. Reparación directa: Promotora Calle 47 S.A.S, Alianza Fiduciaria S.A. (vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Aquarela) vs. Ministerio de Cultura; Distrito de Cartagena y Rama Judicial.

Busca que se declare responsable a los demandados por el daño causado con la suspensión e imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social “Aquarela”. En consecuencia, que se condene al pago de los perjuicios patrimoniales por la frustración del desarrollo del proyecto.

4. Penal. Acusados: curador Urbano N° 1; representantes legales Promotora Calle 47 SAS. Víctimas: Distrito de Cartagena y Ministerio de Cultura.

Delitos: Urbanización ilegal, prevaricato por acción y daños en los recursos naturales.

5. Nulidad y restablecimiento del derecho: Promotora Calle 47 S.A.S. vs. Distrito de Cartagena. Pide la nulidad de las resoluciones expedidas en el marco del proceso policivo, en el cual se ordenó la restitución del espacio público. Inspección de Policía 2 (Primera Instancia); Secretaría del Interior y Convivencia (apelación).

6. Tutela: Procuraduría General de la Nación vs. Distrito de Cartagena y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Se solicitó tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho a la vida e integridad personal, y pretendía que se de cumplimiento a las órdenes dadas en el proceso policivo. Esta tutela fue negada recientemente por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que el Distrito ha adelantado las gestiones para restituir el espacio público y que el edifico no representa un riesgo inminente.