Cartagena


Estaciones de Policía: entre el hacinamiento y la precariedad

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, hay 470 personas en las estaciones de Policía que esperan ser trasladadas a la cárcel.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

25 de abril de 2021 12:00 AM

Una de las principales recomendaciones para disminuir el contagio de COVID-19 es mantener el distanciamiento y evitar lugares cerrados y congestionados, pero desafortunadamente las dinámicas sociales han demostrado que esto es prácticamente imposible, o por lo menos en la proporción de guardar 2 metros entre cada persona.

Aunque muchos ciudadanos se enfrentaron a esta realidad cuando comenzaron a reactivarse diferentes sectores y les tocaba salir a la calle, hay un grupo poblacional que siempre ha vivido en esas condiciones: los presos.

El hacinamiento en la cárceles del país no es una situación propia de la pandemia, pues durante años se han denunciado las condiciones precarias en estos lugares. Ahora este problema también se trasladó a las estaciones de Policía y las Unidades de Atención Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. (Lea aquí: Nuestro sistema penitenciario)

En el caso de Cartagena, durante el 2020 algunas familias denunciaron ante la Personería Distrital las malas condiciones en las que estaban las personas recluidas en estaciones de la Policía, al punto que esta agencia del Ministerio Público interpuso una acción del tutela contra el Distrito para frenar estos hechos.

El fallo se conoció en noviembre y ordenó a la administración distrital conseguir y adecuar un inmueble, que cumpliera con las condiciones mínimas de seguridad y de subsistencia digna y humana, para la reclusión transitoria de estos internos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, hay 427 personas privadas de la libertad en las diferentes estaciones de Policía, esperando traslado a la cárcel.

Los centros donde más se presentan hacinamientos son: Chambacú, Olaya Herrera, Crespo y Los Caracoles.

Por otra parte, la directora de la Fiscalía en Bolívar, Ibeth Hernández, señaló con anterioridad que ante esta problemática no existe ninguna solución por parte de los organismos encargados de tomar decisiones al respecto, ya que la ciudadanía espera respuestas claras y contundentes.

Agregó que debido a que en las estaciones de Policía existe un hacinamiento total, en las instalaciones de Fiscalía están asumiendo constitucional y legalmente funciones que no les corresponde.

Centro transitorio, en funcionamiento

Tras los múltiples hechos a finales de noviembre, la Secretaría del Interior del Distrito habilitó un centro de detención transitorio en el barrio Bellavista, a donde comenzaron a ser trasladados los sindicados que permanecían en las estaciones. Sin embargo, el lugar no ha sido suficiente y las estaciones hay hacinamiento nuevamente. (Lea aquí: Traslado de detenidos a centro de reclusión en Bellavista genera dudas)

De acuerdo con Julio Flórez, personero encargado de lo Penal, el simple hecho de que las personas detenidas sean recluidas en una estación de Policía está prohibido, pues así lo señala una sentencia de la Corte Constitucional.

“Hemos requerido al Dadis y al secretario del Interior, David Múnera, para que hagan brigadas de salud. También hemos requerido a varias EPS para que presten servicios médicos y les brinden los tratamientos a sus patologías”, dijo.

El funcionario añadió que “el pasado jueves hicimos una visita y encontramos que la alimentación está siendo suministrada por los familiares y las brigadas por parte del Dadis no se están haciendo de manera periódica”.

Flórez también indicó que en este centro de detención hay 160 personas y que se ha tratado de no seguir recibiendo personas.

“La teniente encargada me manifestó que si allá le llevan detenidos, le toca recibirlos. Sin embargo, a través del Inpec se está buscando que reciban reclusos”.

Finalmente, el personero señaló que se está contemplando interponer un incidente de desacato contra David Múnera, “toda vez que sigue el hacinamiento en las estaciones de Policía”.

Situación de Las cárceles

Durante el primer pico de la pandemia, la Cárcel de Ternera fue una de las que tuvo más contagios de COVID-19 en todo el país, ya que hubo patios completos con casos positivos. Sin embargo, los errores sirvieron para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomara las precauciones necesarias y enfrentara con mayores medidas la segunda y tercera ola.

“En el segundo pico solo tuvimos diez contagiados, entre finales de octubre y comienzos de noviembre; desde esa época en los patios no hemos vuelto a tener COVID-19”, contó el coronel Fernando Villamizar, director del establecimiento carcelario.

Agregó que el Inpec ordenó hacer dos salas de aislamiento en el penal, con unos 60 cupos, para recibir a los capturados que están en las estaciones de Policía de la ciudad y los municipios. Si bien el Inpec tiene competencia con los condenados, las situaciones actuales han llevado a tenderle una mano a la Policía, pues hay delincuentes de alta peligrosidad que no se pueden tener en un centro de reclusión transitorio.

“Esas personas llegan, se les hace un examen médico y se aíslan ahí durante 14 días. A los 7 días se les hace el examen de COVID-19 y si sale positivo se aíslan otros 14 días. No tenemos en cuenta que vengan con prueba negativa de afuera, sino la que hacemos aquí (...) En este momento solo hay un positivo que llegó de una estación de Policía la semana pasada y está asintomático”.

De acuerdo con cifras entregadas por el Inpec, la cárcel San Sebastián de Ternera tiene capacidad para 1.500 reclusos, pero a la fecha hay 1.805, lo que representan un hacinamiento del 24,2%. Del total de presos, solo 600 están condenados y 1.205 están sindicados.

Al revisar los reportes de los últimos meses, se tiene que en este centro penitenciario había 1.756 reclusos en enero, 1.789 en febrero y 1.814 en marzo. Es decir, el hacinamiento ha ido creciendo, aunque todavía está en un rango “manejable”. Sin embargo, las cifras son mucho menores a las del 2020, ya que en marzo, la población carcelaria era de unos 2.800 internos y el hacinamiento alcanzaba el 73%.

“El hacinamiento bajó en comparación con el año pasado porque han salido cerca de 1.000 internos por diferentes medidas: vencimiento de términos, libertades cumplidas, libertades condicionales y domiciliarias”, explicó el coronel Villamizar.

Si bien la situación por ahora es manejable, una de las salidas que se ha planteado para disminuir el hacinamiento es la construcción de tres pabellones, con capacidad para albergar a 160 reos cada uno.

“Esa obra va en un 20%, el contrato establece que se debe entregar en noviembre, así que van dentro del cronograma”, puntualizó el director de la Cárcel de Ternera.

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