Continúa el proceso para restituir 619,5 metros cuadrados de espacio público que presuntamente fueron ocupados indebidamente por el edificio Aquarela, ubicado a escasos 200 metros del Castillo de San Felipe.
Este martes se conoció que, el pasado 2 de agosto, la Alcaldía de Cartagena firmó el acta de inicio del convenio que permitirá cumplir con la medida correctiva de policía ordenada a través de la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018, y ratificada el 26 de octubre de ese mismo año por la Resolución 7589 de la Secretaría del Interior y Convivencia.
Es de precisar que el convenio interadministrativo tripartito, entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena de Indias, ya había sido firmado el pasado 18 de junio.
Las tres entidades determinarán la mejor forma de aplicar la restitución del espacio público ocupado por la construcción, sin afectar el patrimonio de los cartageneros y la Nación.
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Pronunciamiento del alcalde William Dau sobre el convenio
¿Qué implica?
Según explicó la administración Salvemos a Cartagena, el convenio tiene un plazo de ejecución de un año. La fecha se cumpliría el 2 de agosto de 2022, sin embargo, podrá prorrogarse siempre y cuando cuente con justificación.
Para la ejecución y desarrollo del convenio, las partes conformarán un comité operativo que se encargará de coordinar y definir las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto respecto a temas institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros. Además de vigilar el adecuado cumplimiento del plan de operación.
Por parte del Distrito se designó como supervisor al secretario de Infraestructura, Luis Villadiego Cárcamo; por parte del Ministerio de Cultura, fue nombrado Alberto Escobar Wilson White, director de Patrimonio y Memoria, y Juan Pablo Sánchez González, en representación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD). Estos se reunirán mensualmente o cada vez que alguna de las partes lo solicite.
El valor de este convenio es de $585.972.635, de los cuales, la Alcaldía de Cartagena aportará $387.200.000 para asistencia técnica y administrativa, el FNGRD hará un aporte inicial de $149.933.883 correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.
Sobre la restitución del espacio
De acuerdo al fallo emitido el 9 de octubre de 2018 por la inspectora de Policía de la Comuna 2, Paola Serna, las firmas constructoras de Aquarela reunidas en Promotora Calle 47 SAS infringieron las normas urbanísticas, por lo que la sancionó con el pago de 156 millones de pesos y le ordenó restituir los 24 m2 de superficie en el primer piso, que al multiplicar por 25 pisos totalizan 619 m2.
Ante este panorama, en el marco del convenio existente desde 2020 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el alcalde solicitó un concepto jurídico a la Agencia, el cual arrojó que la resolución de la Inspección de Policía y la de Secretaría del Interior cumplieron el plazo para darles cumplimiento y la acción que procede es demoler, tal como lo establece el artículo 194 del Código Nacional Policía y Convivencia Ciudadana.
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En diálogo con El Universal, las firmas constructoras reunidas en Promotora Calle 47 SAS, sostuvieron que han reiterado su voluntad de restituir el espacio público sin necesidad de hacer efectiva una demolición, mediante una perfilación del edificio. Sin embargo, la solicitud de modificación de la licencia de construcción del proyecto para hacer este procedimiento fue negada por la Secretaría de Planeación Distrital en agosto de 2020.
Aclararon que “el fallo policivo no contempla demolición y no existen fundamentos técnicos, ni jurídicos para señalar que se está ante una situación de riesgo con la estructura, como lo dictaminó el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de segunda instancia emitida el 07 de diciembre de 2020, ni se han agotado los procedimientos necesarios para deducir que existe una infracción a la norma de sismo resistencia o a la licencia aprobada”,
Adicionalmente, los representantes de la firma constructora señalaron que en caso de una demolición total del proyecto por parte de las autoridades, se estará dando una actuación abiertamente antijurídica, ya que no existe una orden judicial que establezca la demolición total de la estructura. Lo que conllevaría altos costos para el Distrito que tendría que asumir la reparación directa a las víctimas de este proceso, entre las que se encuentran las familias cartageneras y los constructores.
Promotora Calle 47 resaltó que en la actualidad cursa un proceso contra dicho fallo policivo ante el contencioso-administrativo, el cual no ha concluido, y continuará atendiendo todos y cada uno de los requerimientos jurídicos en el marco de los procesos legales en marcha.