Falta de recursos para finalizar la primera fase, incumplimientos en los pagos para servidores turísticos y pescadores, protestas y deuda con la interventoría. Esas son algunas de las problemáticas que afectan el avance del macroproyecto de Protección Costera. Lo grave es que esta semana el personal de la interventoría abandonó la obra y no hay funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que respondan a los requerimientos del consorcio encargado de las obras y a la comunidad en general. (Lea: ¿Se frena la obra? Protección Costera quedó sin personal de interventoría)
Tras la polémica por los retrasos que estos problemas podrían causar en las obras del proyecto de protección más importante de la ciudad, se pronunció la exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien en el gobierno del presidente Iván Duque aseguró que las intervenciones de Protección Costera y el canal del Dique eran su prioridad. (También le puede interesar: Gremios piden a Gustavo Petro salvar el proyecto de Protección Costera)
“Como parte de nuestra tarea de acompañamiento a Cartagena, desde la Vicepresidencia atendimos la solicitud de Alcaldía, gremios, hoteles, vendedores de las playas y la Dimar, y le buscamos recursos a las obras de protección para ejecutarlas con la Ungrd”, tuiteó la exfuncionaria del Gobierno nacional.
Ramírez reiteró que es importante que las obras avancen para potencializar a Cartagena como ciudad turística: “Es inexplicable que la realización de obras de Protección Costera se haya aplazado por tantos años poniendo en riesgo el patrimonio histórico, la avenida Santander, las edificaciones sobre las playas y a toda Cartagena. Muy importante que el Gobierno nacional haga mapa de riesgos en varias ciudades”.
Como parte de nuestra tarea de acompañamiento a Cartagena, desde la Vicepresidencia, atendímos la solicitud de alcaldía,gremios, hoteles, vendedores de playa y Dimar y le buscamos recursos a las obras de protección para ejecutarlas con UNGR. https://t.co/J0ybAXyIyX
— Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) November 3, 2022
El exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, también mostró su preocupación por las millonarias deudas de la Ungrd con la interventoría y los recursos adicionales que se requieren para finalizar la primera fase del proyecto. “En esta situación de alarma que hoy se enciende, el mensaje que queremos dejar es que nuestra bancada de congresistas, autoridades locales, gremios y el Gobierno nacional no deben dejar que este proyecto quede inconcluso o tenga graves traumatismos. Se pueden solicitar recursos al Gobierno central, aprovechando la Ley del Sitio o alguna modificación del presupuesto nacional, e igualmente se pueden volver a utilizar los recursos de regalías”, indicó Pereira.
Y cuestionó: “Hasta el momento no tengo información real de una sola megaobra que se esté desarrollando en estos casi 35 meses de gobierno de William Dau con recursos de regalías. Hay muchas alternativas para que el proyecto no quede inconcluso y no tenga más tropiezos”.
La Comisión Plan del Concejo Distrital de Cartagena le envió un oficio a la Procuraduría y a la Contraloría. “Solicitamos a los entes de control que tengan la concurrencia de investigar qué es lo que realmente está ocurriendo en este macroproyecto tan vital para la ciudad, que intervengan de inmediato, y que no vaya a tener una suspensión por falta de recursos, lo que no debería ocurrir”, indicó César Pion, presidente de la comisión.
“Las obras de Protección Costera se han paralizado varias veces por reclamos de los vendedores, por falta de dinero, por desorganización del Estado, entre otras causas. Es por eso que las obras terminan costando más de lo presupuestado, lo más grave es que nadie responde y nada pasa”, indicó Ramón del Castillo, habitante de Bocala.
El consorcio Proplaya le envió una carta a la Ungrd para mostrar su preocupación por la falta de personal en la interventoría del proyecto. “Esta situación resulta atípica y no existe un proceso claro que debamos seguir cuando existen situaciones contradictorias bajo la lectura del contrato”, se lee en la carta firmada por Osvaldo Rodríguez, representante legal del consorcio.
Y continúa: “Los instamos a dar absoluta prioridad a este tema y solucionar de manera urgente las dificultades que se tienen con la firma interventora en beneficio del proyecto y evitar así más atrasos y detrimentos por motivos administrativos que no benefician a ningún actor y si promueven perjuicios que son total y completamente evitables”.
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