“La situación financiera del contrato de interventoría es delicada, al mes de septiembre el costo de la interventoría supera los $4.700 millones, por la modalidad de pago solo se ha podido facturar $2.089 millones, de los cuales desde el mes de abril la Ungrd adeuda $1.181 millones”.
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Estas fueron las palabras de Arturo Mogollón, representante legal de la interventoría Aidcon Ltda, al referirse a las deudas que tiene la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con la interventoría del proyecto.
No obstante, El Universal pudo conocer que por la crisis financiera, el personal de interventoría decidió irse de la obra y no seguir trabajando porque no les han pagado debido a la falta de pago de las actas de interventoría que debe pagar la Ungrd.
“Esta situación ha llevado a que la interventoría no pueda cumplir con los salarios de los profesionales que ejercen las labores, lo que ha generado que no quieran seguir trabajando más. De materializarse esta situación las obras tendrán que ser suspendidas debido a que sin interventoría el contratista no cuenta con la vigilancia de sus actividades”, indicó Mogollón.
El director de obras del consorcio Proplaya, Juan Carlos Monzón indicó que ya fue notificado: “Quedarnos sin interventoría es terrible. Sin interventor no hay quien acredite los avances y todo se para”, dijo.
La JAC de Bocagrande le solicitó al Gobierno nacional intervenir el proyecto y prevenir que no se convierta en elefante blanco.
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“Muy preocupado por la situación presentada el día de hoy con el interventor, era algo que se veía venir. Desde hace varios meses tanto el contratista como el interventor han venido trabajando con recursos propios, pero esta es una situación insostenible en el tiempo. Insisto en la necesidad urgente que el Gobierno nacional a través de la Ungrd, se ponga al frente de la situación y tome el control del proyecto antes que el desenlace se lamentable para la ciudad y el país”, dijo Andrés Rico, dirigente de Bocagrande.