Incertidumbre por decisión de la Corte ante demanda al Plan Nacional de Desarrollo

09 de octubre de 2019 12:00 AM

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Luego de que el defensor del pueblo, Carlos Negret, desistiera de la demanda que instauró en contra de las medidas de salvamento para Electricaribe, contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, parecía que las cosas tomaban su rumbo, sin embargo una nueva alerta llega al proceso, pues al parecer la demanda sí podría ser estudiada por la Corte Constitucional.

(Lea aquí: Defensor del Pueblo desiste de demanda sobre Electricaribe)

De acuerdo con la revista Portafolio, si bien Negret frenó su intención de demandar la norma, el magistrado Alberto Rojas Ríos aún no ha archivado el proceso, el cual se encuentra suspendido desde el pasado 25 de septiembre debido a que al parecer el togado está de licencia por incapacidad médica.

Esto significa que el caso podría ser retomado por Rojas Ríos una vez regrese de su licencia, tal y como ha sucedido en otras ocasiones en las que la Corte Constitucional acepta el estudio de una demanda, incluso por encima de la decisión de retiro.

(Lea también: Las razones de la Defensoría para demandar tres artículos del PND)

En estos términos se podría decir que el plan de salvamento para Electricaribe tendría dos opciones, que la Corte avance en el estudio de la demanda o que el magistrado decida archivarlo.

Mientras se define, los gremios de Bolívar y el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, aunque respetan la autonomía de la Corte, reiteran que de avanzar con el proceso se entorpecería la escogencia de un nuevo operador.

Proceso
Es de recordar que la Nación adelanta la elección de una o dos empresas que asuman la operación de la energía eléctrica en la Costa. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios son seis las empresas interesadas en la compra de activos de Electricaribe. Los operadores podrán ofertar por alguno de los dos segmentos de prestación del servicio en los que fue divida la región, conocidos como Caribe Mar y Caribe Sol o por el mercado completo.De acuerdo con el cronograma, el 25 de noviembre será el último plazo para la recepción de las propuestas por parte de las seis empresas calificadas, y entre el 3, 6 y 12 de diciembre se realizarán las subastas. La entrega de las llaves de la empresa sería entre finales de marzo y principios de abril del 2020.

El defensor buscaba que se declarara inexequible el paquete de iniciativas y disposiciones que aseguran la prestación eficiente del servicio de electricidad en la región Caribe. Los tres artículos demandados son los 313, 315 y 316 de la Ley 1955 de 2019.

Sin embargo el 10 de septiembre a través de una carta Negret solicitó a la corte abandonar la solicitud.

Lo que esperaba
“La demanda de los artículos del salvamento a Electricaribe contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, podrían generan incertidumbre a los inversionistas que participan en el proceso de convocatoria del nuevo operador, lo cual resulta preocupante para los cartageneros y usuarios de la región Caribe, quienes han puesto sus esperanzas en las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para que se resuelva de manera estructural y definitiva la prestación del servicio de energía eléctrica, necesitamos medidas adicionales para garantizar el servicio a los usuarios, a nuestros ciudadanos, al sector productivo”.
“En caso de que la Corte declare inconstitucional lo que se ha aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo para la solución final de la selección del nuevo operador para la región, nuestro pronunciamiento va en el mismo sentido que cuando el defensor presentó la demanda, porque el declarar inconstitucional dejaría sin herramientas a la Superintendencia y a la Costa para la selección del nuevo operador, porque no podría la Nación asumir el pasivo pensional de Electricaribe y tampoco hacer las inversiones que llevan 10 años rezagadas, lo cual afectaría la posible oferta que hagan los inversionistas. Por eso respetando la autonomía de la Corte, solicitamos que al analizar la ley y lo aprobado en el Plan de Desarrollo, se integre el impacto social que tendría en caso de declarar inconstitucional”.

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