A las recientes protestas de empleados de la Empresa de Desarrollo de Bolívar, Edurbe, debido a deudas por salarios que superan los 2.600 millones de pesos, más los nombramientos de varios gerentes de la entidad en poco tiempo, se suma ahora otra polémica que ahonda la crisis financiera en que se encuentra.
Se trata de la venta de un extenso predio en el barrio Manga, en septiembre del año 2020, a una firma se habría constituido tres meses antes y que al parecer lo compró por un valor inferior al precio al que estaba avaluado en el 2016.
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El Universal tuvo acceso a los documentos que hacen parte de la investigación sobre este tema. En ellos se informa de algunas presuntas irregularidades en la celebración de dicho acuerdo, el cual se habría realizado de manera confidencial para evitar que los acreedores de Edurbe tuvieran conocimiento del mismo y procedieran con embargos hacia la entidad. Pero lo que más llama la atención es que el predio fue vendido por cerca de 15 mil millones de pesos ($15.468.905.760) justo después de que en febrero de ese mismo 2020 un evaluador profesional así lo estipulara.
Lo curioso es que el 29 de febrero del 2016 la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar había hecho otro avalúo al terreno y en ese entonces el valor fue superior a los 36 mil millones de pesos ($36.672.058.280), es decir, cuatro años después esas casi dos hectáreas de tierra, ubicadas cerca de la Sociedad Portuaria y en una zona de alto crecimiento económico e inmobiliario, en vez de valorizarse, se devaluaron a más de la mitad.
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La investigación señala al exdirector de Edurbe, Javier Toloza Amaris, como la persona que suscribió el contrato con la Sociedad Promotora C.B. SAS, con la finalidad de obtener recursos para Edurbe, pero la forma fue desfavorable a los intereses patrimoniales de la entidad, y la forma de pago no se orientó a solucionar la situación financiera precaria por la cual esta atravesaba y sigue atravesando.
Aparte del valor, otra presunta anomalía en el acuerdo es que la firma ganadora se habría legalizado un par de meses antes.
“Se realizó mediante una invitación ofertada a la que se presentaron tres empresas, no sabemos cuáles fueron los criterios para la escogencia, sin embargo la que finalmente compró en septiembre el lote fue una creada en junio del año pasado con un capital de dos millones de pesos. El contrato fue a espaldas de los acreedores de Edurbe que tienen derecho a saber el patrimonio de la entidad porque para ellos es prenda de garantía, la celebración del mismo de manera confidencial no debió suceder”, sostuvo la fuente denunciante.
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Otro aspecto hallado en la investigación es la forma en que se pactó el método de pago.
“El primer pago fue de 300 millones de pesos, era el requisito para la firma de la escritura pública, pero ese valor no representa ni el 3% del total. Es decir, se les entregó el inmueble por un primer pago increíble. El segundo pago era de $1.100 millones que iban a ser entregados en los 45 días siguientes y tenemos información de que actualmente no se ha entregado, o sea que hasta el momento lo único que ha recibido Edurbe por esa venta es la suma de 300 millones de pesos. El tercer pago debía ser por $2.600 millones y el plazo para entregarlos era el 31 de diciembre del 2020 o mediante pagos sucesivos de 100 millones mensuales, opciones que tampoco se han materializado. El cuarto pago era de 5 mil millones de pesos que iban a ser entregados a medida que el proyecto fuera avanzando o con la entrega de áreas administrativas que ascendieran a ese valor, pero no sabemos aún qué clase de proyecto es el que se piensa realizar en esa zona. Y el quinto pago, por $6.304 millones, iba a realizarse una vez el comprador alcanzara el punto de equilibrio de su proyecto y así pagarles a los acreedores, sin embargo no especifica valores. Todos esos aspectos encontrados en el contrato nos llamaron la atención, por eso se conminó a la Junta Directiva de Edurbe a proceder con su liquidación”, enfatizó la fuente.
Este medio intentó conocer la posición de la firma compradora sobre los señalamientos del informe, pero no fue posible entablar contacto. A través de internet encontramos que la empresa “fue constituida como Sociedad por Acciones Simplificada y se dedica al comercio al por menor de combustible para automotores”.
Así mismo, quisimos conocer un pronunciamiento del exdirector de Edurbe que participó en la firma, pero no fue posible.
Hace un par de semanas, a finales de agosto, desde Edurbe radicaron denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se abra una investigación por “posibles irregularidades en la compraventa del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N.º 060-249428”.
La Fiscalía indicó que el caso fue remitido a la Unidad de Intervención Temprana, Gated, con el fin de que determine los alcances penales del hecho y designe, en caso de no haberlo, un fiscal que corresponda conforme a la competencia.
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