Son las 10 de la mañana de un miércoles. Arquitectos y técnicos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) tocan la puerta de un inmueble en la calle Estanco del Tabaco del Centro Histórico y nadie atiende. Se escuchan voces, los pasos de varias personas, el sonido de una pala contra el piso, el repello de una pared. Tocan nuevamente, un obrero abre la puerta, pregunta qué necesitan, cierra nuevamente, pero la puerta queda abierta. Afuera, los técnicos ordenan los papeles de suspensión de obra que se pegarán en la puerta, y dentro se observa a trabajadores deteniendo sus actividades sin entender bien lo que sucede, y otros desde el segundo piso que se niegan a salir.
“No nos iremos de aquí, ¿nos pagarán el hotel donde nos quedaremos?, vayan aquí al lado que también están realizando obras”, grita un trabajador desde el segundo piso.
Esta casa estaba en remodelación, sin embargo se cometería una infracción a la norma que preserva el patrimonio de la ciudad al modificar las paredes, pasando de su estilo moderno a uno antiguo con ladrillos. La suspensión es preventiva, mientras se realiza la indagación preliminar que podría llevar a un procedimiento administrativo sancionatorio.
El sello permanece en la entrada, se informa a la encargada sobre la medida impuesta, pese a que deben salir todos los trabajadores, algunos permanecen allí porque es donde duermen, pero no hay realmente quién vigile que no continúen las obras.
Las afectaciones al patrimonio de la ciudad constituyen una acción grave y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) insiste en que se garantice el uso apropiado de los inmuebles y que se regule la gestión de la conservación de un bien.
“Muchas veces, aunque se sella la obra preventivamente, se sigue trabajando adentro. No tenemos la capacidad de ejercer fuerza coercitiva, por eso nos apoyamos en la inspectora de policía, en la Policía y en la Alcaldía Local. Siempre que suspendemos obras, solicitamos el acompañamiento de las autoridades porque a veces no nos dejan ingresar”, explica la directora del IPCC, Saia Vergara Jaime.
El acuerdo 001 de 2003, por medio del cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural y se reforma el instituto de cultura de la ciudad, es el documento clave para conocer las funciones del comité técnico de patrimonio, el asesor del Distrito para defensa, preservación y recuperación del patrimonio histórico y cultural. Por este, obligatoriamente, deben pasar todas las intervenciones que se realizarán en el Centro Histórico y su área de influencia.
Para Vergara Jaime lo primordial es la pedagogía con la ciudadanía. La persona que pretende ejecutar un proyecto en estas áreas debe conocer las normas, presentarlo ante la división de patrimonio del IPCC, donde se verifica el cumplimiento de requisitos, y una vez certificado, pasa al comité técnico de patrimonio y allí evalúan el proyecto, la persona lo expone y se da una decisión: concepto previo favorable o desfavorable. Esto se da antes de la licencia urbanística, por ser un Bien de Interés Cultural (BIC).
El segundo control es el monitoreo permanente en el Centro y su área de influencia por el equipo de arquitectos, ingenieros y técnicos adscritos a la división de patrimonio. En estos monitoreos se ingresan a las obras, se pide la documentación y allí se verifica si se realiza intervención o mantenimiento.
Los mantenimientos están descritos en la ley y corresponden a obras menores como pintura o cambio de chapas, que no requieren concepto previo de comité pero sí una notificación a la división de patrimonio.
“Si los arquitectos al ingresar verifican que no hay mantenimiento sino intervención, piden el concepto previo y, en caso de no tenerlo o tenerlo con unas obras y se realizan otras, realizan un informe donde identifican las presuntas fallas contra el patrimonio. El informe va a la división de patrimonio, se suspende de manera preventiva, y se inicia la indagación”, menciona la directora.
El papeleo y los procesos legales después de estas evidencias tardan hasta cinco meses, lo que dificulta la sanción. Además, el insuficiente personal dentro del IPCC no permite controlar todas las obras simultáneamente.
“Si se ve que han continuado se alarga la indagación. La ley siempre permite que el propietario, el presunto infractor, se defienda. Entre los alegatos y el vaivén se va un tiempo. Tenemos un equipo jurídico de cuatro para procesos sancionatorios y dos para responder PQRS, que llegan muchas. Hace falta presupuesto adecuado para tener más personal y una tecnología adecuada”, mencionó Vergara Jaime.
La tercera vía de control se ejecutará a través de un software que tuvo ocho meses de diseño para reportar los recorridos de los expertos y tener un seguimiento en tiempo real, y otra es una línea para que las personas denuncien faltas al patrimonio.
Se espera que esta semana se firme un convenio con la Oficina de Informática de la Alcaldía para que se ponga en marcha una aplicación y la línea de Whatsapp 300 6634 951 se habilitó esta semana para que la ciudadanía interponga quejas de obras e intervenciones ilegítimas.
El IPCC solicita la ayuda de las autoridades, sobre todo porque se necesita un dinamismo que detenga las obras que afectan el patrimonio.
Martín Raúl González Sánchez vive hace más de 50 años en el barrio San Diego, uno de los colindantes al Centro Histórico, y que poco a poco ha visto salir a sus residentes originales.
“San Diego fue un barrio que desde siempre tuvo gente de clase media, propietarios de casonas altas y bajas, algunas republicanas y coloniales, y también de gente humilde, pujante que cohabitaban arrendados en los llamados pasajes y accesorias. Esto conformaba un hábitat comunal porque las familias compartían espacios para servicios cotidianos”, narró González Sánchez, quien añora las calles solas para jugar y que hoy están atiborradas de vehículos.
Desde antes de que el Centro de la ciudad se declarara Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, se veía su desarrollo en este y sus alrededores. Había centros comerciales, teatros, universidades, hospitales, colegios públicos y privados, entre otros.
Para Martín las dinámicas del barrio han cambiado demasiado, recuerda las familias que vivían en los pasajes y que poco a poco vieron buenas ofertas para comprar sus terrenos, ya que el mantenimiento era costoso.
Poco a poco el Centro Histórico se convirtió en un lugar de soledad, con casas bonitas y lujosas pero solo usadas para las vacaciones. Ahora los comercios se han tomado cada rincón del patrimonio, y en San Diego quieren modificar el uso de suelo.
“La declaración de Unesco, más que una distinción, implica un compromiso, una responsabilidad tanto de sus habitantes como de las autoridades para custodiar, mantener y defender. Si hubiese sentido de pertenencia, el Estado se preocuparía por no dejar perder la ‘joya de la corona’”, destacó el residente de San Diego.
Una de las formas planteadas por los habitantes para conservar el Centro y sus entorno es la rehabilitación urbana, porque consideran que su valor más preciado para ser patrimonio es el nativo, sus costumbres y tradiciones.
“Quedamos como 100 familias y seguimos luchando por conservar nuestros predios, casi siempre solos, que son herencia de nuestros padres o abuelos”, finalizó.
La Fundación Centro Histórico de Cartagena realizó un estudio para analizar los microdatos del censo del Departamento Nacional de Estadística (Dane) del año 2018, y establecer los cambios poblacionales frente al censo de 2005 en el Centro Histórico y encontraron cifras alarmantes.
En 15 años la población residente disminuyó en un 80%, se perdieron 10.485 residentes porque en 2005 se censaron 12.789 personas y en 2018 se encontraron solo 2.304.
En 2018 los residentes del Centro Histórico se distribuían así: Getsemaní 1.185, San Diego 604, Centro 475, y La Matuna 40.
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