Es evidente que el presidente de la República está enterado de que la recta final hacia la segunda vuelta del próximo 21 de junio sitúa al país en un escenario de máxima susceptibilidad política y social. El reciente informe del Ministerio de Defensa confirmó una realidad punzante que para muy pocos colombianos es desconocida: los riesgos de disturbios violentos promovidos por sectores radicalizados son inminentes.
Frente a este panorama, la conducta, la retórica y la postura del presidente invitan a un análisis crítico profundo, pues la máxima magistratura del Estado tiene el deber constitucional de garantizar un ambiente de paz y neutralidad, una responsabilidad que la oposición y diversos analistas consideran en riesgo, debido al tono de la campaña.
El Ministerio de Defensa informa que se ha diseñado una respuesta operativa robusta con el despliegue de 228.902 uniformados a través del Plan Democracia y la temprana activación del Puesto de Mando Unificado (PMU), tanto institucional como cibernético. No obstante, existe una profunda contradicción entre el esfuerzo logístico de la Fuerza Pública y la carga ideológica que se emite desde el Ejecutivo.
El llamado del procurador general, de los organismos de control y la Iglesia a evitar un lenguaje humillante que incite al odio, apunta directamente al núcleo de la problemática actual. Las críticas hacia el presidente Petro se fundamentan en que su narrativa habitual tiende a alimentar la desconfianza en las instituciones y a polarizar a la ciudadanía entre proyectos presuntamente irreconciliables. Al sembrar de manera persistente la sospecha de un “golpe institucional” o sugerir que la voluntad popular podría ser burlada, se genera un caldo de cultivo idóneo para que sus bases interpreten cualquier resultado adverso como un fraude, justificando movilizaciones violentas posteriores.
La pertinencia de esta alerta se evidencia en la focalización que el Ministerio de Defensa ha hecho sobre 38 municipios de riesgo y, en especial, sobre cuatro ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Por ejemplo, la confrontación entre simpatizantes de vertientes ideológicas opuestas, como la reportada en la Universidad Popular del Cesar, es una muestra del nivel de micro-polarización que afecta al país.
El presidente Petro está advertido. La estabilidad de la nación tras conocerse los resultados del 21 de junio dependerá, en gran medida, de su madurez y nobleza democráticas. Mantener una conducta que coquetee con el desconocimiento de las reglas de juego o que use la desinformación como herramienta de defensa política, pondrá en jaque la seguridad que el propio Ministerio de Defensa procura proteger. La jefatura de Estado debe convertirse en la garantía de que la transición del poder se dará dentro de los cauces estrictos de la paz social y la legalidad.