Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y la iniciativa privada ha sido y es la sofocante permisología. La tramitomanía del Estado no solo ha ahogado a emprendedores y grandes inversionistas por igual; ha servido como fértil terreno para la ineficiencia y la corrupción.
La promesa del presidente De La Espriella, orientada a la desburocratización, la eliminación de requisitos innecesarios y la simplificación de trámites ante las entidades públicas representa una estrategia de política pública acertada y necesaria para reactivar el aparato productivo.
El pilar de esta cruzada es la denominada Ley de Competitividad o ‘Proyecto de Ley Destrabe’, ya radicada con mensaje de urgencia, que busca eliminar trabas que frenan la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cuales representan el tejido social y económico más vulnerable del país.
Herramientas como el Expediente Empresarial Digital, la fijación de plazos estrictos para la respuesta de las autoridades y la eliminación de cobros administrativos redundantes responden a un reclamo histórico del sector productivo. En esa misma línea, destrabar la permisología ambiental y agilizar las consultas previas para proyectos estratégicos de infraestructura y energía resultan pasos decisivos si se pretende devolver la confianza y recuperar la inversión local e internacional.
En el ámbito cotidiano, el paquete de medidas anunciado para reestructurar trámites viales y de movilidad alivia directamente el bolsillo del ciudadano. Ampliar las vigencias de las licencias de conducción de ocho a diez años, reducir el costo de sanciones y recortar el precio de los cursos formativos no es solo una medida de austeridad; es un golpe directo a los monopolios y negocios burocráticos que se estructuraron por decenios alrededor de los trámites automotores.
No obstante, la simplificación hacia afuera carecería de legitimidad sin un ejemplo hacia adentro. La reestructuración en la Presidencia de la República, con la supresión de 229 cargos directos, la eliminación de consejerías redundantes y la reestructuración de la arquitectura institucional, envía un mensaje claro: un Estado más pequeño puede ser un Estado más eficiente.
Simplificar los trámites estatales no significará desregular sin control ni debilitar la supervisión de las instituciones; significa pasar de un modelo de desconfianza paralizante a uno de eficiencia digital y transparencia. Pero el éxito de esta política dependerá de su ejecución real en las regiones y de la voluntad del Congreso para tramitar las leyes requeridas. Reducir la burocracia es, en definitiva, la mejor manera de liberar la energía emprendedora del país y poner la administración pública al servicio de los ciudadanos.
¡No hay manera de que Colombia progrese con tanta tramitología!