Cartagena


La presunta relación entre la Universidad de Cartagena y el Clan del Golfo

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entregó una lista con 63 supuestos colaboradores de su grupo criminal en todas las regiones del país. Bolívar no se salvó.

REDACCIÓN CARTAGENA

01 de mayo de 2022 11:08 AM

Mucha polémica desató la suspensión temporal de la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, a Estados Unidos, pues en ese proceso hay muchas opiniones encontradas. Por un lado, hay quienes están a favor de que pague sus delitos en una cárcel norteamericana sin privilegios ni comodidades; sin embargo, hay una pluralidad de voces que consideran que con su exilio se afecta la verdad y se apaga el ventilador que puede encender uno de los criminales más poderosos de la historia del país.

(Lea: ¿Cuándo serán los escrutinios de elecciones en la Unicartagena?)

La suspensión, ordenada por el Consejo de Estado, se da mientras se resuelve una tutela interpuesta por organizaciones de víctimas para que Otoniel contribuya a que Colombia se entere de más verdades.

En su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo. Allí incluyó al exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega; a Jorgue Noguera, exdirector nacional del DAS; seis exgobernadores, un senador que logró reelegirse, cuatro excongresistas y dos universidades. La Sergio Arboleda y la Universidad de Cartagena.

“De acuerdo con la declaración de Otoniel esas personas y entidades han tenido vínculos con el Clan del Golfo, organización delincuencial que opera bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o con otros grupos criminales de los que él hizo parte”, informó el periodista Daniel Coronell.

En el documento de la JEP se afirma que estos implicados serían partícipes de “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.

Al momento de hablar de cómo se relacionaba el crimen con varios gobernadores, hizo hincapié en la metodología criminal para implementar una operación de corrupción administrativa y presión armada para sacar plata de las arcas públicas y llevarla a financiar paramilitares, en la cual, presuntamente, estuvieron involucradas las dos universidades.

“Tuvo unos contratos muy grandes con la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (...) Allí está el hospital, directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”, fue uno de los apartados de la intervención, citado por Coronell en la Revista Cambio.

Y recalcó Otoniel: “Los paramilitares correspondían el servicio poniendo a la gente de la zona a votar por los candidatos de sus simpatías. ‘No se financiaba. Se les colaboraba en las zonas en el tema político para que la gente votara realmente al gobernador que la organización veía que fuera el mejor’”.

El hospital

La obra en la que aparece salpicada la Universidad de Cartagena fue la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y en la dotación de los equipos biomédicos y mobiliarios de ese proyecto. La Contraloría General de la República determinó que hubo daño patrimonial en esa intervención, según reseña La Contratopedia Caribe.

Con ese mecanismo de corrupción, presuntamente, se desvió recursos del erario, a través de contratación pública en Casanare y Meta, para financiar a los paramilitares. El contrato lo adjudicó la Gobernación de Casanare en 2002 por $47.970 millones.

“La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones contra los exgobernadores de Casanare William Hernán Pérez Espinel y Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad, Sergio Hernández. La obra se demoró 9 años en construcción y 13 años para entrar en funcionamiento. Este sería otro de los procesos en el que la Universidad de Cartagena, en los últimos 20 años, se ha visto involucrada en denuncias de corrupción”, precisó La Contratopedia.

Como resultado del testimonio de Otoniel ante la JEP, esta entidad compulsó copias para que los integrantes de la lista sean investigados por quien corresponda. “En algunos casos la Fiscalía General de la Nación en otros la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, explicó Coronell.

Las declaraciones de Otoniel atizan el turbio panorama de presunta corrupción de directivos de la institución universitaria. Mañana, desde las ocho de la mañana, serán los escrutinios de las elecciones del nuevo rector de la UDC.
Reciba noticias de El Universal desde Google News
  NOTICIAS RECOMENDADAS